A 12 años de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el ministro de Defensa, general (R) Oscar González, reconoció que uno de los principales objetivos de la institución, la eliminación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), todavía no fue cumplido. La declaración se produce luego de que un documento interno del Ejército revelara que la fuerza dispone de unos US$ 8,5 millones anuales para sus operaciones.
González admitió que, pese al tiempo transcurrido, los recursos destinados y el despliegue militar, actualmente todavía existen integrantes del grupo criminal que permanecen en libertad. Según sus declaraciones, serían 14 los miembros del EPP que continúan operando, principalmente en zonas boscosas del departamento de Canindeyú, donde su ubicación resulta difícil de determinar.
El secretario de Estado sostuvo que, aunque la misión principal no fue cumplida en su totalidad, la FTC logró reducir considerablemente la capacidad operativa del grupo. Afirmó que el EPP perdió alrededor del 70% de sus integrantes y que tres grupos derivados fueron desarticulados, evitando, según su interpretación, una expansión de la violencia hacia otros departamentos del país.
Uno de los puntos más cuestionados es que la FTC mantiene presencia en amplias zonas de la Región Oriental, pese a que el EPP tendría actualmente actividad concentrada en Canindeyú. González explicó que la cobertura responde también a la necesidad de apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra organizaciones criminales y grupos armados vinculados al narcotráfico.
El ministro rechazó, sin embargo, que los resultados de estos 12 años puedan calificarse como un fracaso. Argumentó que la presencia del CODI y de la FTC permitió mejorar las condiciones de seguridad en Concepción, Amambay y San Pedro, departamentos que, según afirmó, actualmente registran mayores inversiones, infraestructura y desarrollo económico.
Otro de los argumentos expuestos por González fue el impacto de las operaciones contra el crimen organizado. Señaló que, durante un año, la FTC habría ocasionado pérdidas económicas estimadas en US$ 907 millones a organizaciones criminales, frente a un presupuesto anual de aproximadamente US$ 8,5 millones.
No obstante, el ministro reconoció que todavía existen tres secuestros vinculados al EPP cuyos familiares esperan el retorno de sus seres queridos. Esta situación constituye uno de los principales cuestionamientos a los resultados de la estrategia implementada durante más de una década.
Respecto al futuro de la FTC, González aseguró que no solicitarán un aumento presupuestario y sostuvo que la misión debe cumplirse con los recursos actualmente disponibles. Incluso afirmó que las Fuerzas Armadas celebrarían el día en que el grupo criminal sea finalmente desarticulado y que, en ese escenario, los recursos destinados al CODI podrían ser redireccionados a otras necesidades militares.
Las declaraciones vuelven a poner bajo la lupa la estrategia aplicada durante los últimos 12 años para combatir al EPP. Mientras el Gobierno destaca la reducción de la capacidad del grupo y su impacto en la seguridad de la región norte, persiste el interrogante sobre por qué, pese a los años de despliegue y una inversión acumulada cercana a los US$ 68 millones, el objetivo central de terminar con la organización criminal aún no ha sido alcanzado.
