La familia del fiscal Marcelo Pecci llevará su caso a la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad, tras la negativa del Tribunal de Apelación de otorgarles acceso a los detalles de la investigación sobre el asesinato ocurrido en Colombia en 2022. Este recurso representa su última opción dentro del ámbito nacional.
Tanto la viuda como los hermanos del fiscal, quien fue asesinado durante su luna de miel, han buscado insistentemente conocer los progresos de la investigación liderada por el Ministerio Público, con especial interés en identificar a los responsables intelectuales del crimen. Sin embargo, tanto la Fiscalía como el juez penal de garantías, Yoan Paul López, han rechazado sus solicitudes, argumentando que revelar información podría comprometer las pesquisas iniciales. Ante esto, el abogado Enrique Kronawetter, representante de la familia, apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelación, con los votos mayoritarios de los jueces Delio Vera y Agustín Lovera, confirmó la negativa. Solo el juez Cristóbal Sánchez se pronunció a favor de la familia.
Kronawetter cuestiona la postura de que facilitar información obstaculizaría la investigación y defiende el derecho de sus clientes, respaldado por tratados internacionales y legislación nacional, a estar informados sobre los esfuerzos para esclarecer el asesinato de Pecci. Por ello, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en un plazo de nueve días hábiles desde la notificación recibida. “Es una oportunidad única para que la Corte, en un caso de tanta relevancia internacional, marque un precedente y adopte criterios más modernos”, expresó el abogado en diálogo con Última Hora.
Además, indicó que evaluará el desarrollo del proceso, considerando los plazos establecidos para la respuesta, y que, según el resultado, la familia podría acudir a instancias internacionales. Cabe destacar que el año pasado ya presentaron una demanda contra el Estado colombiano y la cadena Hoteles Decameron, señalando “omisiones graves” que habrían contribuido al crimen.
El caso y las condenas
Marcelo Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, Cartagena, cuando un sicario lo asesinó a tiros en la playa el 10 de mayo de 2022, apenas horas después de que la pareja anunciara que esperaba un hijo. Por este hecho, los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por ordenar y financiar el asesinato. Otros implicados, como Wendre Still Scott, autor material de los disparos, y Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, quien condujo al sicario, también recibieron penas de cárcel, al igual que Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, quienes rastrearon a la pareja en la isla.
Francisco Correa, señalado como el organizador del ataque, llegó a un acuerdo con la Fiscalía colombiana y fue sentenciado en mayo de 2024 a seis años y medio de prisión, pero fue asesinado en su celda en enero de este año. Meanwhile, Margareth Chacón, condenada a 35 años por su rol en el crimen, continúa apelando para revertir su sentencia.
Aunque las autoridades colombianas lograron estas condenas, aún no se ha identificado a los autores intelectuales. En Paraguay, la investigación de la Fiscalía no ha mostrado avances significativos en este aspecto.
