La intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por el interventor Ramón Ramírez, ha generado controversia tras reportarse la ausencia de 53 de los 215 documentos solicitados en la primera fase de la auditoría. Estos documentos, relacionados con 8 de los 12 puntos del pedido de intervención, son clave para evaluar la gestión del intendente apartado, Miguel Prieto.
El abogado Alfredo Ramírez, designado como nexo por Prieto, salió al paso de las acusaciones, argumentando que la comuna ha sido objeto de múltiples fiscalizaciones por parte de instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Según Ramírez, estas entidades han retirado documentos originales, y las actas correspondientes fueron entregadas al equipo interventor. “Se supone que trabajan en una línea de gobierno, así que esas instituciones pueden proveer los documentos”, afirmó.
Obras cuestionadas y adjudicaciones bajo la lupa
Uno de los puntos destacados por el interventor es el elevado volumen de adjudicaciones realizadas poco antes de la intervención, por un total de G. 30.200 millones. Alfredo Ramírez defendió estas operaciones, explicando que se trata de obras de gran envergadura cuyas licitaciones comenzaron meses atrás, con procesos que se extendieron debido a su complejidad.
Además, el interventor cuestionó la ejecución de obras por G. 42.000 millones mediante transferencias en concepto de aportes, sin que, según él, se haya verificado su realización en terreno. Ramírez replicó que actualmente las obras se realizan por licitación, aunque esto también ha sido objeto de críticas. “Antes nos cuestionaban por los aportes, ahora por las licitaciones. Siempre hay algo que cuestionar”, lamentó.
Sin hallazgos graves en 15 días
Alfredo Ramírez aseguró que, tras dos semanas de auditoría, el equipo interventor no ha encontrado pruebas de daños patrimoniales ni irregularidades graves. “Si la gestión era tan mala como dicen, en dos días habrían encontrado algo. Estamos tranquilos porque somos la mejor municipalidad del país”, afirmó, destacando la planificación y transparencia de la administración.
El nexo también cuestionó la imparcialidad del interventor, acusándolo de seguir una agenda política. “Ramón Ramírez dice que no es político, pero es 100 % político. Está siguiendo una hoja de ruta cartista”, denunció.
Marcación manual: una práctica justificada
Otro punto señalado por la intervención es el uso de planillas manuales para el control de asistencia de algunos funcionarios, en lugar de relojes biométricos. Alfredo Ramírez explicó que esta práctica se aplica a trabajadores como operarios de la planta asfáltica o personal de limpieza que realizan tareas en la vía pública. “Obligarlos a venir a la Municipalidad para marcar sería un retroceso. Por eficiencia, marcamos en sus lugares de trabajo”, detalló.
Un caso que sigue generando debate
La intervención en Ciudad del Este continúa generando tensiones, con acusaciones cruzadas entre el equipo auditor y la administración de Miguel Prieto. Mientras el interventor insiste en la falta de documentación y presuntas irregularidades, el entorno del intendente defiende la gestión y cuestiona los motivos detrás de la auditoría. Por ahora, la ciudadanía espera respuestas claras sobre el destino de los fondos y la transparencia en la administración municipal.
