La Cámara de Diputados ha ordenado la apertura de un sumario administrativo contra Miguel Ángel Robles Ibarra, quien actualmente cumple una condena de 10 años de prisión por su rol como artífice de un esquema de corrupción que causó un millonario desvío en la Gobernación del Departamento Central.
Robles, quien era director de Gabinete durante la gestión del exgobernador Hugo Javier González, fue señalado por un tribunal de sentencia como el cerebro detrás de un esquema que involucraba a funcionarios, representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y constructores. Según la investigación, el grupo organizó maniobras para obtener desembolsos millonarios del Estado mediante obras inexistentes o sobrefacturadas.
Sumario por faltas graves
Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, instruyó el procedimiento contra Robles por «faltas graves» a la Ley de la Función Pública. Actualmente, Robles percibe un salario de más de G. 11.000.000 como asesor de la Cámara de Diputados, situación que ha generado fuertes críticas.
El sumario determinará si el condenado será destituido de su cargo o si continuará percibiendo su remuneración desde la cárcel de Tacumbú, donde está recluido.
Condena ejemplar
Durante el juicio, la jueza Karina Cáceres, quien presidió el tribunal junto con Yolanda Morel y Ana Rodríguez, cuestionó el impacto del esquema corrupto en la sociedad. “¿Cuántas familias podrían haberse beneficiado con este dinero? Podríamos haber financiado camas de terapia intensiva o medicamentos para hospitales”, expresó el tribunal al dictar la sentencia.
Reacciones y antecedentes
El caso de Miguel Ángel Robles Ibarra es uno de los más emblemáticos de corrupción en la Gobernación de Central durante la gestión de Hugo Javier González, quien también fue condenado a 10 años de prisión. Organizaciones sociales y autoridades han cuestionado los controles internos que permitieron que estos desvíos ocurran por años.
El sumario abierto por la Cámara de Diputados representa un paso más hacia la revisión de las responsabilidades administrativas en torno al caso, aunque no se descarta que genere polémicas adicionales por la posible permanencia de Robles como funcionario público pese a su condena.
En contexto
Este caso ha desatado un debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la necesidad de reformas que fortalezcan los mecanismos de control en las instituciones estatales. La sociedad sigue de cerca cada avance en esta emblemática causa, esperando que se haga justicia y que se recuperen los recursos públicos malversados.
