El diputado liberal Billy Vaesken cuestionó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por la actuación del Ministerio Público en investigaciones que involucran a dirigentes sociales y autoridades nacionales. El legislador sostuvo que la Fiscalía actúa con rapidez contra los sectores vulnerables, pero presenta demoras en causas que afectan a figuras de alto nivel político.
Las declaraciones se produjeron durante una audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, donde Rolón presentó el plan de gastos e inversiones del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2027.
Vaesken reclamó explicaciones sobre la falta de avances en las denuncias presentadas por sectores de la oposición contra el presidente Santiago Peña, relacionadas con su crecimiento patrimonial y su presunta vinculación con el caso de los pupitres chinos. Según el diputado, el fiscal general había argumentado anteriormente que la institución no contaba con la infraestructura necesaria para impulsar las diligencias.
“¿Qué infraestructura necesita para poder investigar a los grandes manguruyuses?”, cuestionó el parlamentario, quien también criticó la imputación del dirigente de adultos mayores Elías Cabral por supuestos hechos punibles.
El legislador extendió sus cuestionamientos a la situación de la salud pública y a los casos de feminicidio en los que, según afirmó, el Ministerio Público no habría adoptado medidas preventivas oportunas.
Por su parte, Emiliano Rolón rechazó que la Fiscalía actúe por motivaciones políticas y defendió el principio de investigar con base en evidencias, sin distinciones por afiliación partidaria o ideología.
El fiscal general también expuso las limitaciones operativas de la institución. Señaló que el Ministerio Público dispone de aproximadamente 350 funcionarios para atender las denuncias a nivel nacional y que durante el año anterior ingresaron unas 215.000 causas. Asimismo, mencionó la disponibilidad limitada de peritos y las demoras que esto genera en determinados procedimientos, como los análisis de ADN.
El intercambio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad operativa de la Fiscalía, la duración de las investigaciones y la necesidad de garantizar criterios de actuación uniformes en las causas que involucran tanto a ciudadanos como a autoridades.
