Bajo la coordinación de la Fiscalía y el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, se realizaron allanamientos en distintas localidades para desmantelar una estructura que operaba con fraudes bancarios, billeteras electrónicas y criptoactivos.
Una serie de allanamientos simultáneos en diversas localidades de Paraguay busca desarticular una red internacional de ciberestafadores. La operación, dirigida por la agente fiscal Irma Llano de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, fue realizada con el respaldo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional.
Los procedimientos se llevaron a cabo en ciudades como Lambaré, Fernando de la Mora, Encarnación, Capitán Miranda, Atyrá y Villa Hayes, donde las comitivas incautaron pruebas relevantes para la investigación en curso. En estas intervenciones, participaron también los fiscales Alba Delvalle, Ruth Benítez, Enrique Fornerón, Ever Williams y Norma Paredes, en conjunto con el jefe de Cibercrimen, Crio. Diosnel Alarcón.
La organización criminal, integrada por al menos 17 personas, incluye a 12 ciudadanos paraguayos que serían los “cerebros” detrás de la red, operando presuntamente con ayuda de locales comerciales. Hasta ahora, cuatro de los involucrados han sido aprehendidos, mientras que el resto serían ciudadanos de Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana.
Las investigaciones señalan que la red realizaba actividades como fraude informático, acceso indebido a sistemas bancarios, lavado de dinero y otros delitos asociados. Se utilizaban tácticas de phishing para acceder a cuentas bancarias y billeteras electrónicas, así como métodos de suplantación de identidad para ejecutar fraudes. Los fondos obtenidos eran transferidos a través de dispositivos “POS” generando códigos QR, que luego se retiraban mediante intermediarios, quienes descontaban una comisión acordada y devolvían el efectivo al grupo criminal.
Además, informes indican que el grupo blanqueaba capitales usando criptoactivos, dificultando el rastreo de los fondos. La organización captaba a personas vulnerables ofreciendo oportunidades de negocio a cambio de un porcentaje de las transacciones realizadas, generando un sistema de ingresos ilícitos que afectaba tanto a entidades bancarias como a particulares.
Las autoridades enfatizan la gravedad del caso, dada la amplitud de las operaciones y el alcance internacional de la red, así como el creciente número de denuncias que incluyen instituciones financieras y cooperativas afectadas.
