Tania Galeano Llanes, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, y su vecino, Carlos Miguel Stehlik, ambos de 25 años, fueron imputados por un caso de sextorsión que ha conmocionado a la opinión pública. Según las autoridades, bajo amenaza de difundir fotografías íntimas de sus víctimas, exigieron depósitos de dinero, logrando que uno de los afectados pagara la suma de G. 30 millones.
El fiscal Federico Delfino ha solicitado arresto domiciliario para Galeano, mientras que para Stehlik, quien habría liderado el modus operandi, se pide prisión preventiva. Galeano había empezado su carrera como auxiliar judicial a los 20 años con un salario de G. 2.200.000, pero en 2023, ya figuraba como funcionaria nombrada con un salario superior a G. 9.500.000, a pesar de no poseer un título universitario.
Las investigaciones preliminares indican que la funcionaria aprovechó su acceso a los sistemas de Justicia y de la Policía para revisar antecedentes y conocer el poder adquisitivo de sus víctimas. La denuncia de sextorsión se remonta a septiembre de este año, y se ha determinado que ambos imputados se organizaron para captar potenciales víctimas.
Stehlik, quien ya tenía antecedentes por delitos similares, utilizó el perfil de Instagram “marthugomez” para iniciar conversaciones y solicitar imágenes íntimas. Posteriormente, bajo amenaza de difundir esas imágenes, exigió sumas que comenzaron en G. 750.000 y escalaron hasta G. 10 millones.
La investigación llevó a la detención de ambos imputados el viernes, tras un allanamiento en una vivienda del barrio Santa Librada de Asunción. Las autoridades sospechan que hay más víctimas en esta red de extorsión, todas con un poder adquisitivo notable.
Este caso ha puesto de manifiesto la gravedad de la sextorsión y el abuso de poder en el ámbito judicial, generando preocupación sobre la integridad del sistema y la protección de los ciudadanos frente a este tipo de delitos.
