La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in límine la acción de inconstitucionalidad promovida en 2024 por la defensa de Sebastián Marset y su ex pareja, Gianina García Troche, contra la imputación fiscal en el marco del caso A Ultranza Paraguay.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los ministros César Diesel, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda, quienes consideraron que el planteamiento no cumplía con los requisitos legales para su admisión.
La acción fue presentada por los abogados Hugo Ramón Núñez y Pedro Antonio Florentín Benítez, quienes cuestionaron el acta de imputación N.º 2, del 23 de febrero de 2022, y la resolución mediante la cual la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, admitió la imputación fiscal.
Además, la defensa objetó los artículos 42 y 44 de la Ley N.º 1340/88, que contempla disposiciones relacionadas con la asociación criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de este delito.
Los fundamentos del rechazo
En su análisis, el ministro César Diesel señaló que los abogados no fundamentaron adecuadamente por qué las disposiciones de la ley antidrogas cuestionadas serían contrarias a la Constitución Nacional.
También sostuvo que, para cuestionar la resolución judicial, debían agotarse previamente los recursos ordinarios disponibles. En cuanto al acta de imputación, indicó que esta constituye una actuación de parte y no una resolución judicial susceptible de una acción de inconstitucionalidad, por lo que existen otros mecanismos procesales para plantear objeciones.
Los ministros Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda acompañaron el rechazo con argumentos similares, principalmente por la falta de cumplimiento de los requisitos procesales.
Situación judicial de Marset y García Troche
La acción fue promovida en 2024, cuando ambos se encontraban en situación de rebeldía y tenían órdenes de captura en Paraguay.
Sebastián Marset, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos líderes de la organización investigada en A Ultranza Paraguay, fue detenido en Bolivia y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde afronta un proceso penal por narcotráfico. En Paraguay continúa sujeto a los requerimientos de la Justicia.
Por su parte, Gianina García Troche está procesada en la misma causa por presunto lavado de dinero y también fue alcanzada por los cuestionamientos planteados por la defensa.
El fallo de la Sala Constitucional rechazó la acción presentada contra la imputación y las disposiciones legales cuestionadas, al considerar que no se reunían las condiciones procesales necesarias para su admisión.
