CONTRALOR BENÍTEZ ADVIERTE SOBRE LIMITACIONES EN EL ANÁLISIS DE DECLARACIONES JURADAS

El contralor general de la República, Camilo Benítez, reveló que la Contraloría solo logra analizar el 5% de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A pesar del mandato constitucional que exige revisar la totalidad de estos documentos, actualmente solo se realizan 250 estudios de correspondencia al año, frente a los más de 5.000 requeridos.

Dificultades en el proceso de análisis

En entrevista con ABC Cardinal, Benítez explicó que el análisis de correspondencia es un proceso lento y burocrático, ya que depende de la información proporcionada por otras instituciones, lo que retrasa las evaluaciones por meses. «Nosotros deberíamos tener acceso directo a la información», reclamó.

Para enfrentar esta situación, anunció que en las próximas semanas la Contraloría presentará un proyecto de ley al Congreso con el fin de mejorar los procedimientos y garantizar el cumplimiento del mandato constitucional.

Caso Santiago Peña y su patrimonio

Benítez también abordó la imposibilidad de auditar el patrimonio del presidente Santiago Peña antes de 2028, fecha establecida por la Constitución para realizar dicho análisis. Aseguró que no existen motivos legales para adelantar el proceso, pues el mandatario ya había declarado un patrimonio significativo antes de asumir el cargo.

«Si se adelantara el análisis, habría dos interpretaciones: que la Contraloría persigue funcionarios o que está protegiendo la investidura presidencial», explicó. Además, destacó que la propiedad en cuestión no figura a nombre de Peña en Registros Públicos, aunque el mandatario reconoció que es su residencia.

Finalmente, el contralor enfatizó que el presidente debe ser quien justifique el origen de los fondos utilizados para la construcción de su casa y que, independientemente del debate actual, la auditoría se realizará obligatoriamente al finalizar su mandato.