La reunión mantenida en Mburuvicha Róga entre los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, generó un intenso debate sobre la institucionalidad y el equilibrio de poderes en Paraguay.
La Dra. Shirley Franco, especialista en derecho constitucional, destacó que, desde el punto de vista legal, “el diálogo entre los poderes del Estado no solo es válido, sino necesario”. Según explicó, la Constitución paraguaya establece la división de poderes y promueve relaciones fluidas basadas en el equilibrio, el control recíproco y la igualdad de responsabilidades entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, aclaró que no existe una prohibición legal para este tipo de encuentros, aunque no formen parte de una agenda pública.
Por su parte, un abogado constitucionalista señaló posibles riesgos para la institucionalidad del país, advirtiendo sobre indicios de un posible sometimiento de la Justicia al poder político. Además, alertó que la falta de seguridad jurídica podría afectar la confianza de inversionistas y el clima de negocios en Paraguay.
El presidente Santiago Peña respondió a las críticas y aseguró que los actos del Estado se manifiestan a través de decisiones administrativas, no mediante reuniones. “En el caso de la Corte, son las sentencias; en el Ejecutivo, los decretos. Nuestras decisiones no se toman sobre reuniones”, indicó. Sobre la polémica denominación de “reunión secreta”, Peña afirmó: “Recibo continuamente a diferentes actores de la sociedad paraguaya. Ellos vinieron a visitarme; yo no puedo decir quién viene y quién no”.
El mandatario aclaró que el encuentro formó parte de una coordinación de trabajo entre Ejecutivo y Judicial y que, lejos de ser un secreto, se trató de una reunión institucional de rutina.
