En una operación coordinada por el Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección de Investigaciones Regional Villa Hayes y bajo dirección fiscal, se llevó a cabo un allanamiento en un recinto privado dedicado a la venta de vehículos, identificado como AGM Automotores, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.
La intervención, autorizada por el Juez Penal de Garantías de Villa Hayes, Abog. Víctor Hugo Ronzewski Maziuk, y liderada por el Agente Fiscal Abog. Armin Echeguren de la Unidad Penal N° 2, responde a una causa en curso sobre manipulación de grafías técnicas y supuesta comercialización de vehículos de dudosa procedencia.
El procedimiento se realizó alrededor de las 14:40 horas y está vinculado a la causa N° 1031/2025, que investiga a Pamela Elizabeth Florentín por la tenencia de un vehículo con número de chasis adulterado, incautado previamente el pasado 11 de marzo.
Durante el operativo fueron incautados tres vehículos, todos de la marca Toyota, con indicios de alteraciones en sus números de chasis:
1. Toyota Allion, color plateado, chapa AAKJ162 Py., con número de chasis NZT2400042191 presuntamente modificado mediante corte y sustitución de piezas. Registrado a nombre de Cristian David Caballero Peralta.
2. Toyota Corolla XEi TD Mec, color plata, chapa ALZ632 Py., chasis 9BR53DEC008503649, con signos de borrado y reimpresión de dígitos. Inscripto a nombre de la empresa Toyotoshi S.A.
3. Toyota Hilux DC 4×4 TDI Aut, color blanco, chapa ZAN595 Py., chasis 8AJFZ29G606180284, también con evidencias de manipulación. Este vehículo figura con denuncia por extravío de chapa presentada en junio de 2022, y está registrado a nombre de Juan Alejandro Mendoza Bracho.
El propietario del local, Cristhian Alberto Belotto Otazu, quien ya contaba con medidas alternativas que le prohíben salir del país por la causa N° 3252/2022 sobre producción de documentos no auténticos, fue notificado y puesto a disposición del Ministerio Público.
Los automóviles incautados fueron trasladados hasta la sede central del Departamento de Control de Automotores, donde continuarán las pericias técnicas y administrativas correspondientes.
El procedimiento se enmarca en el combate activo contra el comercio ilegal de vehículos y la falsificación de documentos automotores, un flagelo que afecta tanto a compradores como al sistema de control vehicular en el país.
