El juez federal argentino Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la empresa belga Jan de Nul, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la licitación frustrada de la Hidrovía. El pedido de allanamiento fue realizado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien lidera la investigación.
La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica que cuestiona un supuesto direccionamiento en el pliego de licitación de la vía navegable, por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas. En el centro de la controversia se encuentra una deuda de aproximadamente US$78 millones que el Estado argentino tendría con Jan de Nul, responsable del dragado de la Hidrovía.
El Gobierno argentino, a través de un comunicado en el Boletín Oficial, había rechazado estas acusaciones, calificándolas de «intento malintencionado de deslegitimar un proceso transparente». Por su parte, Jan de Nul ha confirmado a LA NACION que colaboró con el allanamiento y cumplió con todos los requisitos solicitados.
La investigación busca esclarecer la existencia y el monto de esta deuda, que según el pliego de la licitación frustrada, debía ser saldada por el ganador de la concesión de la Hidrovía para los próximos 30 años.
El allanamiento se produjo apenas días después de que el Gobierno argentino cancelara la licitación para el dragado y señalización de la Hidrovía. Esta decisión fue tomada en medio de manipulación de manipulación del proceso y sospechas de connivencia entre empresas, con la belga DEME como la única oferente.
La anulación de la licitación ha generado preocupación en el sector agroindustrial argentino, que ve en la Hidrovía una vía crucial para aumentar la capacidad de carga de las exportaciones. Fuentes del sector portuario indicaron que con un dragado adecuado, la capacidad de carga podría aumentar de un 60% a un 90%.
Este caso sigue en desarrollo, y se espera que nuevas investigaciones puedan aclarar las circunstancias alrededor de esta importante concesión binacional.
