El Ministerio Público busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado por parte de José Antonio González y su esposa. La pericia abarcará la situación financiera, patrimonial y tributaria de ambos desde enero de 2017 hasta octubre de 2026.
La Fiscalía dispuso una pericia contable sobre las cuentas bancarias, los bienes y las operaciones financieras del exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José Antonio González, conocido como Jose’i González, y de su esposa, Silvia Casaccia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
La medida fue ordenada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, con el objetivo de determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por la pareja y el patrimonio que poseen.
El análisis comprenderá el periodo entre enero de 2017 y octubre de 2026, y buscará reconstruir la evolución económica de ambos durante esos años.
Bajo la lupa: cuentas bancarias y movimientos financieros
La investigación incluirá el examen de cuentas corrientes, cajas de ahorro, certificados de depósito de ahorro (CDA), tarjetas de crédito y préstamos. También serán analizadas las transferencias de dinero, los desembolsos de créditos, los rescates de inversiones y las devoluciones de capital.
Los investigadores pretenden establecer la procedencia de los fondos y determinar si las operaciones financieras guardan relación con los ingresos legítimos de los investigados.
Asimismo, se verificarán los bienes inmuebles y vehículos registrados a nombre de la pareja, además de las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Los resultados serán contrastados con los cargos públicos ocupados por González, el tiempo que permaneció en cada función, las remuneraciones percibidas y las actividades económicas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Un contrato de G. 412,5 millones bajo investigación
Uno de los puntos que forman parte de la causa es un acuerdo suscripto entre el IPS y la firma Consorcio Hotelero Sudamericano S.A., en cuyo marco González habría percibido G. 412.500.000 en concepto de honorarios profesionales, mientras se desempeñaba como asesor de la previsional.
Este pago constituye uno de los aspectos que deberán ser examinados dentro de la investigación fiscal, a fin de determinar las circunstancias en las que se realizaron las operaciones y su correspondencia con las funciones que desempeñaba el exfuncionario.
La pericia contable permitirá profundizar el análisis de los ingresos y movimientos patrimoniales vinculados con el caso.
Investigan pagos por más de G. 87.595 millones
Otro de los puntos relevantes de la investigación guarda relación con un presunto esquema de pagos que asciende a G. 87.595.252.265, gestionados por la Dirección Jurídica del IPS mediante la utilización del rubro presupuestario 915, correspondiente a gastos judiciales.
Según los antecedentes de la causa, estos mecanismos habrían sido utilizados para eludir controles judiciales mediante el pago de obligaciones extrajudiciales.
La investigación también considera un dictamen del Ministerio de Economía, identificado como 18/2023, que establece que el pago de deudas extrajudiciales requiere una sentencia firme de homologación para ajustarse a la normativa señalada en los antecedentes.
Los investigadores deberán determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y establecer si las operaciones examinadas se ajustaron a las disposiciones legales vigentes.
Una investigación iniciada en abril
La causa se inició en abril de 2026, luego de denuncias contra el exdirector jurídico del IPS. Desde entonces, el Ministerio Público lleva adelante diligencias para esclarecer los hechos denunciados y reunir elementos que permitan determinar si existieron irregularidades.
La pericia contable constituye una etapa clave para reconstruir la situación financiera y patrimonial de González y su esposa, así como para identificar posibles diferencias entre sus ingresos y los bienes adquiridos durante el periodo investigado.
El resultado de los estudios será determinante para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. No obstante, las sospechas y los cargos investigados deberán ser acreditados mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
