El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que solicitará al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a la Municipalidad de Asunción que revisen las habilitaciones de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), en medio de una disputa judicial por una deuda que supera los G. 18.000 millones y cuestionamientos sobre las condiciones edilicias de su sede.
El planteamiento fue expuesto durante una reunión del Consejo de Administración del IPS, donde el consejero José Emilio Argaña sostuvo que la deuda de la universidad se arrastra desde aproximadamente los años 2010 o 2012. Según explicó, el monto reclamado contempla alrededor de G. 5.000 millones en concepto de aporte obrero patronal y otros G. 15.000 millones relacionados con el alquiler de un inmueble ubicado sobre la calle Cerro Corá, aunque estas cifras no incluirían intereses ni honorarios profesionales.
La previsional mantiene varios procesos judiciales contra la institución educativa. El asesor jurídico del IPS, Pablo Morínigo, informó que uno de los principales juicios involucra un reclamo cercano a G. 10.000 millones y que la institución obtuvo resultados favorables en distintas instancias. Actualmente, el expediente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia, donde estaría pendiente un voto para resolver una acción de inconstitucionalidad.
Morínigo también señaló que existen otros procesos vinculados a la deuda y dos juicios de desalojo en trámite. Cuestionó además la estrategia judicial utilizada por la universidad y afirmó que, ante lo que considera una excesiva utilización de recursos procesales para dilatar los casos, el IPS adoptará una postura más firme.
“Vamos a empezar a ser más agresivos en nuestra conducta procesal”, sostuvo el asesor jurídico.
Cuestionamientos a la infraestructura
Además de la millonaria deuda, el IPS manifestó preocupación por las condiciones del inmueble donde funciona la universidad. Argaña mencionó, entre otras cuestiones, la supuesta falta de una salida de emergencia contra incendios.
El consejero planteó que el MEC y la Municipalidad de Asunción deberían ejercer sus respectivas competencias respecto a la habilitación y funcionamiento del establecimiento.
Según su postura, si el municipio no vuelve a habilitar la patente y los organismos competentes no autorizan nuevamente el funcionamiento de la institución, Unasur tendría menos margen para continuar operando mientras se desarrollan los procesos judiciales.
El presidente del IPS, Isaías Fretes, expresó su preocupación al conocer los cuestionamientos sobre la infraestructura y anunció que buscará conversar personalmente con las autoridades del MEC y de la Municipalidad de Asunción.
“Parece que lo irregular se convirtió en normal”, manifestó Fretes durante la reunión.
Señalamientos sobre presuntas influencias políticas
Durante la sesión también surgieron cuestionamientos sobre las presuntas influencias políticas que rodearían a la universidad. Argaña afirmó que existirían sectores políticos que estarían favoreciendo la continuidad de la institución pese a las controversias judiciales y administrativas.
Unasur tiene entre sus autoridades al político colorado Jorge Salvador “Turi” Cappello Bernal, quien se desempeña como vicerrector de Relaciones Interinstitucionales y, según los datos mencionados en el informe, también cumple funciones como asesor de la Presidencia de la República.
La universidad también aparece relacionada con otros funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el caso de Carlos Reyes, quien fue designado como jefe de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción. Reyes es hermano de Mirtha Reyes, rectora de Unasur y quien anteriormente se había postulado como candidata a concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado.
Además, el IPS había recibido una denuncia relacionada con la actuación de Carlos Reyes durante el periodo en que se desempeñaba como funcionario de la previsional. Según la denuncia, Reyes habría intervenido en un proceso judicial relacionado con Unasur mientras ocupaba un cargo dentro del IPS, situación que los denunciantes consideraron un posible conflicto de intereses.
El caso se suma a la disputa que mantiene la previsional con la universidad y a los pedidos para que las autoridades competentes revisen las condiciones bajo las cuales la institución continúa funcionando.
Por ahora, el IPS anunció que formalizará sus pedidos ante el MEC y la Municipalidad de Asunción, mientras los procesos judiciales relacionados con la deuda y los inmuebles continúan su curso.
