CONDUCTORES DE PLATAFORMAS PIDEN CAMBIOS EN PROYECTO DE LEY Y ALERTAN SOBRE “BLINDAJE” A EMPRESAS

Representantes de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fepacop) solicitaron modificaciones profundas al proyecto de ley que busca regular los servicios de transporte y delivery mediante aplicaciones digitales, al considerar que la iniciativa actual favorece a las grandes empresas y deja sin suficiente protección a los trabajadores.

Los conductores mantuvieron una reunión con integrantes de la Comisión de Justicia y Trabajo de la Cámara de Diputados, donde expresaron sus cuestionamientos al texto en estudio. Según el gremio, la propuesta no fue elaborada con participación de los trabajadores y responde principalmente a los intereses de compañías multinacionales como Uber, Bolt y PedidosYa.

Carlos Álvarez, vocero de la Fepacop, señaló que el proyecto tiene un enfoque “empresarial” y advirtió que uno de los principales problemas es que la normativa establecería que las plataformas no tendrían responsabilidad jurídica directa sobre la actividad de los conductores.

“Este proyecto fue presentado por las empresas de plataforma y en ningún momento participaron los gremios de conductores. Tiene más una mirada empresarial que de apoyo a los trabajadores”, sostuvo Álvarez.

Desde la organización cuestionan que las compañías sean consideradas únicamente como proveedoras de servicios digitales, una figura que, según explican, podría evitar que asuman responsabilidades ante accidentes, hechos de inseguridad u otros inconvenientes relacionados con la prestación del servicio.

Los trabajadores argumentan que existe una diferencia entre plataformas digitales de entretenimiento y aquellas vinculadas al traslado de personas o entrega de productos, ya que estas últimas involucran riesgos físicos tanto para usuarios como para quienes trabajan en las aplicaciones.

En ese sentido, alertaron que, de aprobarse la normativa sin cambios, ante un accidente vial o una situación de inseguridad la responsabilidad podría recaer exclusivamente sobre el conductor o el pasajero, dejando fuera a las empresas administradoras de las plataformas.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) también presentó observaciones al proyecto y recomendó realizar modificaciones sustanciales antes de su aprobación.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la definición de la relación entre las plataformas y los conductores como un vínculo exclusivamente civil e independiente. La cartera laboral sostiene que debe aplicarse el principio de “primacía de la realidad”, considerando que aspectos como el control mediante algoritmos, la asignación de viajes, las calificaciones y eventuales bloqueos podrían constituir elementos de subordinación laboral.

Además, el Ministerio cuestionó que la propuesta otorgue un rol central al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), dejando fuera al MTESS y al Instituto de Previsión Social (IPS).

Para la institución, la actividad requiere mecanismos de coordinación que permitan garantizar derechos laborales, cobertura social y protección ante riesgos derivados del trabajo.

PEDIDO DE COBERTURA ANTE ACCIDENTES Y RIESGOS

Otro punto de preocupación para los conductores es la falta de un sistema obligatorio de cobertura ante accidentes, enfermedades o situaciones de incapacidad.

Si bien el proyecto contempla medidas de seguridad como la verificación biométrica de usuarios, la antigüedad máxima de vehículos y la incorporación de botones de emergencia conectados a la Policía Nacional, el Ministerio de Trabajo considera que estas medidas no son suficientes.

La cartera sostiene que los accidentes de tránsito forman parte de los riesgos habituales de esta actividad y que los trabajadores deberían contar con mecanismos de protección coordinados con el IPS y otros organismos.

CONTRATOS Y POSICIÓN DE LOS CONDUCTORES

La Fepacop también cuestiona que el proyecto establezca que las relaciones entre empresas y trabajadores se rijan principalmente por los contratos firmados entre ambas partes.

Según el gremio y el Ministerio de Trabajo, estos acuerdos funcionan como contratos de adhesión, donde los conductores aceptan condiciones establecidas por las plataformas sin capacidad real de negociación.

Los representantes solicitaron que el Congreso analice una regulación más amplia que contemple la realidad del sector y garantice derechos para conductores, repartidores, usuarios y empresas.

La Fepacop adelantó que continuará impulsando sus propuestas ante Diputados y Senadores y pidió que el proyecto sea modificado antes de avanzar hacia su aprobación definitiva.