El viceministro de Educación Superior, Dr. Hermenegildo Cohene, reveló durante una entrevista en el programa “Punto Crítico” que la investigación sobre la presunta falsificación y adulteración de títulos universitarios alcanzó una dimensión nacional y que incluso existen casos detectados en Itapúa, ya remitidos al Ministerio Público.
Cohene explicó que la problemática abarca diferentes modalidades, desde carreras ofrecidas sin habilitación correspondiente hasta falsificaciones directas de documentos y registros académicos inexistentes. Señaló que el objetivo principal es recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los títulos emitidos por instituciones serias tengan respaldo legal y académico.
“Lo importante es la decisión firme, política, que viene del Poder Ejecutivo de abordar esta problemática”, manifestó el viceministro, al destacar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), una comisión especial del Senado y el Ministerio Público.
Durante la entrevista, Cohene mencionó que una auditoría realizada entre agosto de 2023 y junio de 2026 detectó unas 130.000 irregularidades dentro del proceso de titulación. Aclaró que esta cifra no representa títulos falsos en su totalidad, sino inconsistencias como cargas realizadas fuera de horario, accesos de usuarios no autorizados o movimientos irregulares dentro del sistema informático.
“Estamos hablando de personas que tenían códigos de acceso al sistema sin estar autorizadas, cargas realizadas incluso en horarios de madrugada y fines de semana”, explicó.
El viceministro informó además que existen 283 funcionarios procesados y alrededor de 550 usuarios no autorizados identificados dentro de las investigaciones. Agregó que la Fiscalía conformó un equipo especializado con agentes que trabajan no solo en la parte documental, sino también en rastrear la huella digital de las operaciones realizadas en los sistemas.
Cohene confirmó que en Encarnación ya fueron detectados casos relacionados con presuntas irregularidades en títulos y que los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía. “Itapúa no está exenta de esta problemática”, afirmó, aunque evitó brindar nombres de instituciones para no afectar a entidades que trabajan legalmente.
El funcionario explicó que uno de los riesgos más graves está vinculado a profesionales de áreas sensibles, especialmente del sector salud. Alertó sobre técnicos superiores en enfermería, farmacia e instrumentación quirúrgica que podrían obtener habilitaciones profesionales con documentos irregulares.
“Una persona con un título fraudulento puede llegar a un hospital o sanatorio sin tener las competencias necesarias. Eso pone en riesgo a toda la sociedad”, advirtió.
Otra modalidad detectada, según explicó, consiste en títulos aparentemente legales, pero respaldados por certificados de estudios falsificados, donde se cargan datos de materias, años cursados y registros académicos que nunca existieron.
También instó a la ciudadanía a verificar siempre si una carrera cuenta con la habilitación correspondiente antes de iniciar los estudios. Señaló que existen casos donde instituciones promocionan carreras habilitadas en una sede determinada, pero luego las replican en otras zonas sin contar con infraestructura, laboratorios o docentes adecuados.
“Pregunten dónde está habilitada la carrera. No basta con que digan que está habilitada por CONES o acreditada por ANEAES”, recomendó.
Cohene sostuvo que la investigación continuará avanzando y que una segunda etapa buscará revisar los registros desde la instalación inicial del sistema informático, incluyendo periodos anteriores donde podrían aparecer más irregularidades.
Además, destacó que desde el MEC se trabaja en implementar mecanismos para evaluar las competencias reales de los profesionales, independientemente del título presentado. Como ejemplo, mencionó que los docentes deberán rendir evaluaciones de competencia antes de acceder a su matrícula profesional.
Finalmente, el viceministro señaló que la lucha contra este esquema requiere cambios culturales dentro de las instituciones, cuestionando la denominada “cartonitis”, donde la acumulación de títulos puede traducirse automáticamente en beneficios laborales sin comprobar conocimientos o capacidades.
“Tenemos que garantizar que quien tiene un título realmente tenga las competencias para ejercer”, concluyó.
