La abogada Nancy Zayas brindó una explicación detallada sobre el marco legal vigente en materia de violencia doméstica en Paraguay, resaltando los mecanismos de protección disponibles para las víctimas y el rol de las instituciones encargadas de intervenir ante estos casos.
Durante una entrevista, la profesional señaló que la violencia doméstica no se limita exclusivamente a la mujer, sino que abarca a todo el núcleo familiar, incluyendo niños, adultos mayores, parejas, exparejas e incluso personas que hayan convivido previamente. En ese sentido, aclaró que la Ley N.º 1600/2000 contempla medidas de protección para cualquier integrante del entorno familiar que sea víctima de agresiones físicas, psicológicas, económicas o laborales.
Asimismo, explicó que esta normativa tiene como principal objetivo detener la agresión de forma inmediata, mediante la activación de medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Paz, como la exclusión del agresor del hogar o las órdenes de restricción de acercamiento.
“La denuncia puede realizarse de manera verbal, sin necesidad de abogado y en cualquier Juzgado de Paz, comisaría o centro de salud. Ninguna institución puede rechazarla”, enfatizó Sayas, destacando la gratuidad del proceso y el acceso directo a la justicia para las víctimas.
La abogada también precisó que, una vez presentada la denuncia, el Juzgado de Paz dicta medidas de protección de forma inmediata y convoca a una audiencia dentro de los tres días siguientes. En dicha instancia se evalúa la situación y se determina la continuidad o ampliación de dichas medidas, bajo la supervisión de la Policía Nacional, encargada de velar por su cumplimiento.
En casos de mayor gravedad o reincidencia, el expediente puede ser remitido al Ministerio Público, donde ya se abre la posibilidad de sanciones penales conforme al Código Penal paraguayo, incluyendo el artículo 229 sobre violencia familiar. En este escenario, las penas pueden derivar en procesos judiciales y condenas.
Zayas también aclaró que no es posible retirar las denuncias una vez realizadas, ya que el proceso continúa de oficio con el fin de proteger a la víctima y evitar la revictimización. Además, subrayó que incluso terceros pueden realizar la denuncia si tienen conocimiento de un hecho de violencia.
Finalmente, la profesional instó a la ciudadanía a perder el miedo y recurrir a las instituciones competentes. “No se necesita dinero ni abogado. Lo importante es denunciar para que se activen los mecanismos de protección. Las leyes están para ser utilizadas y proteger a las víctimas”, concluyó.
