China expresó su fuerte rechazo a la nueva Ley de Aceleración Industrial impulsada por la Unión Europea (UE), una iniciativa que busca reducir la dependencia europea de proveedores externos en sectores tecnológicos estratégicos.
La normativa establece que, en los contratos públicos dentro del bloque europeo, productos como paneles solares, vehículos eléctricos, baterías y otros bienes clave deberán tener al menos un 70% de producción realizada en Europa. Esta condición deja en desventaja a numerosas empresas extranjeras, especialmente las chinas, que tienen una fuerte presencia en estos mercados.
Desde Bruselas, la medida se defiende como una estrategia para proteger el empleo, fortalecer la industria local y garantizar la soberanía tecnológica del continente. “Si no actuamos ahora, la tecnología limpia de Europa podría depender completamente de China”, sostienen autoridades europeas.
Por su parte, Pekín calificó la iniciativa como “discriminatoria y proteccionista” y advirtió que podría adoptar “medidas de respuesta” si sus empresas se ven afectadas por la normativa.
El conflicto se produce en un contexto de incertidumbre económica global, lo que aumenta la preocupación por una posible escalada de tensiones comerciales entre ambas potencias. Analistas advierten que esta situación podría impactar en los precios internacionales y en la cadena de suministro de tecnologías limpias.
La gran incógnita ahora es si esta política fortalecerá la industria europea o si, por el contrario, abrirá un nuevo capítulo de fricciones económicas a nivel global.
