Funcionarios del Poder Judicial de todo el país se preparan para iniciar una medida de fuerza durante el mes de noviembre, ante la falta de respuesta a sus reiterados reclamos por una actualización salarial
El abogado Edgar Ramos, representante del Sindicato del Poder Judicial en Itapúa, explicó que la situación es “ya insostenible” y que la decisión de ir a huelga se tomó luego de recibir una nueva respuesta negativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, que no incluyó el reajuste solicitado dentro del Presupuesto General de Gastos 2025.
“Son 14 años de postergación. No tenemos actualización, nivelación ni reajuste salarial. Es una discriminación hacia los funcionarios judiciales”, expresó Ramos.
El dirigente sindical anunció que el sábado 1 de noviembre se realizará una Asamblea General Nacional, en la cual se definirá oficialmente el inicio del paro, previsto entre el 10 y el 14 de noviembre, con una duración estimada de 30 días. La medida será comunicada al Ministerio de Trabajo, que deberá convocar a una reunión tripartita de conciliación entre las partes.
Ramos explicó que son aproximadamente 14.000 los funcionarios judiciales afectados en todo el país. Muchos de ellos, especialmente notificadores, oficiales de secretaría y dactilógrafos, perciben actualmente salarios inferiores al mínimo legal, pese a haber ingresado a la institución por concurso público y contar en su mayoría con formación profesional universitaria.
Mientras tanto, representantes del sector continúan gestionando reuniones con diputados, senadores y líderes de bancada, en busca de una salida antes de que se concrete la huelga.
La intención de los trabajadores judiciales no es paralizar el sistema, sino llamar la atención sobre una situación que consideran injusta y prolongada, esperando que finalmente se adopte una decisión política que reconozca la labor esencial que cumplen dentro del Estado.
