Ciudad del Este, 12 de junio de 2025 – La fiscala Zunilda Ocampos Marín imputó a cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía de Ciudad del Este y a una abogada por los delitos de privación de libertad y extorsión agravada, en un nuevo caso de supuesto «apriete» que involucra a autoridades policiales. La víctima, Fabio Junior Troche Zarza, fue obligada a pagar más de G. 200 millones para evitar el allanamiento de su vivienda.
Los imputados
Los acusados son:
- Oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez
- Suboficial Silvio Javier Rojas Vera
- Suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez
- Suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera
- Oficial Denis Evaristo Miltos
- Abogada Blanca Noemí Gauto Fernández
Todos los agentes forman parte del Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este, según informó el corresponsal de Última Hora, Edgar Medina.
Los hechos
El incidente ocurrió el pasado 3 de junio en la avenida Monday de Presidente Franco. Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y la hija adolescente de este último, quienes viajaban en una camioneta Kia Sportage, fueron interceptados por los imputados. Los sujetos, que se identificaron como policías de Investigaciones, actuaron a cara descubierta y portaban armas de fuego. Se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux gris.
Los policías obligaron a Troche Zarza a descender de su vehículo y lo trasladaron a la fuerza en la camioneta de los agentes. Otros dos efectivos subieron al vehículo de las víctimas junto a Stoian Vidiella y la menor, llevándolos a la sede del Departamento de Investigaciones, ubicada detrás del Departamento de Identificaciones.
Exigencias y amenazas
En el lugar, los agentes exigieron a Troche Zarza el pago de USD 50.000 a cambio de su liberación, amenazando con allanar su domicilio y el de sus padres bajo el pretexto de investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado. Troche Zarza fue retenido durante tres horas en un quincho del Departamento de Investigaciones, mientras que Stoian Vidiella y su hija permanecieron en el vehículo.
Posteriormente, los policías instruyeron a Troche Zarza que contactara a su abogada, Blanca Noemí Gauto Fernández, quien se presentó en el lugar y, tras reunirse con los uniformados, instó a la víctima a pagar el dinero “para evitar problemas”. Finalmente, se acordó un pago inicial de USD 30.000 y un compromiso de USD 20.000 adicionales en un plazo de un mes.
Para reunir el dinero, Troche Zarza se vio obligado a vender un vehículo y recurrir a entidades bancarias.
Denuncia y acciones judiciales
Tras la denuncia presentada por Troche Zarza, el Ministerio Público realizó una serie de procedimientos y solicitó al Juzgado la prisión preventiva para todos los involucrados. La fiscala Ocampos Marín formalizó la imputación por privación de libertad y extorsión agravada, delitos que reflejan la gravedad de los hechos.
Contexto
Este caso se suma a otros episodios de abuso de autoridad en el Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este, donde se han reportado prácticas de «apriete» que involucran extorsión y amenazas. La actuación de una abogada en complicidad con los policías agrega un elemento adicional de preocupación sobre el alcance de estas redes delictivas.
El Ministerio Público continúa investigando para esclarecer los hechos y determinar si existen más víctimas o implicados en este esquema de extorsión.
