El Gobierno de Argentina puso fin a la comisión creada para investigar una presunta estafa con la criptomoneda LIBRA, que fue promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales antes de su abrupto desplome, causando pérdidas significativas a inversores.
La comisión, establecida en febrero tras el escándalo desatado por el colapso de LIBRA, tuvo como objetivo recopilar información de entidades como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central para remitirla al Ministerio Público Fiscal. Según el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, la disolución se justifica por haber «cumplido con la tarea encomendada».
El caso se originó cuando Milei promocionó LIBRA, una moneda virtual que pasó de valer 0,01 dólares a 5 dólares tras su publicación, para luego desplomarse en cuestión de horas debido a ventas masivas. Esto generó sospechas de que ciertos inversores podrían haber actuado con información privilegiada, liquidando sus activos antes del colapso.
El presidente Milei, al ser cuestionado, afirmó: «No tengo nada que ocultar. No lo promocioné, solo lo difundí», y aseguró desconocer los detalles del proyecto. Sin embargo, el caso derivó en una denuncia judicial en Argentina y está siendo investigado también por la justicia de Estados Unidos.
La jueza María Servini, a cargo de la causa, ordenó la semana pasada al Banco Central que proporcione datos sobre las operaciones financieras de Milei y de su hermana, Karina Milei, secretaria de la Presidencia, así como de empresarios vinculados a LIBRA.
Por su parte, el Congreso argentino formó una comisión parlamentaria para indagar el caso y citó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el 29 de abril negó que se tratara de una estafa y pidió esperar los resultados de la investigación judicial. Otros funcionarios, como el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, fueron convocados, pero presentaron excusas por escrito para no asistir.
La disolución de la comisión ha generado críticas, ya que operaba bajo la órbita del Poder Ejecutivo, lo que había despertado cuestionamientos por la implicación directa del presidente en el caso. La investigación judicial continúa su curso, mientras persisten las dudas sobre la transparencia en el manejo de la criptomoneda LIBRA.
