La Unión de Gremios de la Producción cuestiona la actuación de las autoridades en la incautación de cebollas nacionales, alegando abuso e irregularidades en los procedimientos.
Un reciente operativo en el Chaco paraguayo, en el marco del plan de lucha contra el contrabando impulsado por el Gobierno Nacional, generó controversia entre productores locales. Agentes aduaneros incautaron una importante carga de cebollas bajo sospecha de contrabando, pero representantes del sector productivo sostienen que se trató de un procedimiento arbitrario y mal fundamentado.
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo, denunció que las autoridades actuaron de manera desproporcionada contra un productor menonita con más de dos décadas de trayectoria en la zona de Picada 500, en el corazón del Chaco. “Es un emprendimiento serio, con sistema de riego moderno y más de 100 compatriotas empleados. Calificar de contrabandista a quien produce en el país es una injusticia”, expresó.
Según Cristaldo, las autoridades basaron su sospecha en la presencia de bolsas reutilizadas de origen brasileño y argentino, sin verificar que se trataba de materiales adquiridos legalmente en Paraguay y usados solo para la recolección y almacenamiento interno. “Por encontrar cebollas en bolsas extranjeras ya se dictó sentencia. No tiene lógica ni sentido económico traer cebollas de contrabando desde Santa Catarina hasta el Chaco y luego hasta Asunción”, argumentó.
El gremio también criticó la valoración económica aplicada por la Aduana, señalando que la carga fue tasada a un precio superior al real, imponiendo multas e intereses que podrían superar los 700 millones de guaraníes. “Están castigando la eficiencia y aprovechándose de la inexperiencia del productor”, lamentó Cristaldo.
Las acciones forman parte del operativo “Ñembareté”, coordinado por la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), integrada por la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio de Industria y Comercio y la Armada Nacional.
Sin embargo, desde el sector productivo insisten en la necesidad de una mayor transparencia y criterio técnico en los controles. “No estamos en contra del combate al contrabando, pero sí de que se atropelle a quienes producen dentro del país y cumplen con la ley”, concluyó Cristaldo.
