Blanca Rosa Fernández Baruja, prima del Ministro Juan Carlos Baruja, defiende su inasistencia, afirmando que es un procedimiento «legal».
Noviembre 26, 2024 –
Un nuevo escándalo ha sacudido a la Cámara de Diputados de Paraguay, esta vez involucrando a Blanca Rosa Fernández Baruja, funcionaria de dicha institución y prima del Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. A pesar de que Fernández Baruja cobra un salario mensual de G. 4.500.000 como funcionaria del Congreso, se descubrió que no cumple con su horario laboral y, en su lugar, atiende su comercio personal en Paraguarí.
El hallazgo fue producto de una investigación realizada por los periodistas de Radio Monumental 1080 AM, quienes documentaron cómo la funcionaria se encontraba trabajando en su negocio, Koeti, en plena jornada laboral del Congreso. Cuando fue abordada por los reporteros, Fernández Baruja intentó esconderse detrás del mostrador de su tienda y, al ser confrontada, intentó justificar su ausencia en el Congreso asegurando que no está obligada a cumplir con un horario fijo de trabajo.
En su defensa, la prima del ministro Baruja sostuvo que está bajo el régimen F4, un sistema que le permite realizar actividades de asistencia social en su ciudad natal, Paraguarí, sin necesidad de presentarse en la Cámara de Diputados. Según sus declaraciones, ella tiene derecho a cobrar su salario mientras cumple con esta modalidad, argumentando que está realizando su trabajo de manera «legal» y «justificada», a pesar de no estar en su lugar de trabajo.
“No soy planillera”, afirmó Fernández Baruja, quien insistió en que su situación está completamente regularizada y que su jefe directo, el diputado Héctor Figueredo, respalda su manera de operar. Además, justificó que el dinero que percibe no es suficiente para mantener a su familia y subrayó que la asistencia social que brinda a la comunidad de Paraguarí es un aspecto clave de su labor.
No obstante, el caso ha generado una ola de críticas, ya que muchos consideran que no es correcto que una funcionaria pública cobre un salario por un trabajo que no está desempeñando en su totalidad. A pesar de las explicaciones de Fernández Baruja, la situación resalta las prácticas irregulares que, lamentablemente, siguen siendo comunes dentro de la función pública en Paraguay.
El hecho deja en evidencia una vez más la necesidad de mayores controles y transparencia en el uso de los recursos públicos, además de poner en la mira la influencia de figuras políticas para otorgar empleos en el Estado, algo que la propia funcionaria negó en su intervención.
El caso de Blanca Fernández Baruja resalta una vez más las debilidades del sistema político y administrativo en Paraguay, y la sociedad sigue demandando respuestas claras sobre la legalidad de estas prácticas.
