A pocos días de la entrada en vigencia plena del Registro Unificado Nacional (RUN), prevista para enero de 2026 en el marco de la Ley N.º 7424/2025, en conversación con nuestro medio la Escribana Katia Ayala Ratti, vicepresidenta del Colegio de Escribanos comentó que desde el sector notarial expresan una creciente preocupación por la falta de definiciones operativas claras y los posibles riesgos jurídicos derivados de su implementación. La reforma, que fusiona en una sola estructura al Registro Público, la Dirección Nacional de Catastro y el Departamento de Geodesia y Agrimensura, busca unificar la información inmobiliaria, simplificar trámites, reducir la burocracia y fortalecer la seguridad jurídica mediante principios de buena fe, publicidad, eficiencia y celeridad.
Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay señalaron que, si bien acompañan el proceso de modernización del sistema registral, existen disposiciones que podrían generar dificultades prácticas tanto para los notarios como para los ciudadanos. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia del formulario definitivo del Certificado de Condiciones Catastral Registral, considerado un instrumento clave para garantizar la seguridad jurídica en las operaciones sobre derechos reales, así como el reemplazo del tradicional bloqueo registral por una “reserva de prioridad”, mecanismo que permitiría el ingreso de solicitudes de terceros durante la vigencia del certificado.
Otro punto crítico advertido es la exigencia de una fiscalización previa obligatoria de las tasas judiciales antes del ingreso de las escrituras al sistema, un procedimiento que podría demorar hasta 72 horas hábiles y, en la práctica, reducir los plazos de prioridad registral. Según el gremio, esta medida introduce una carga administrativa adicional y una presunción implícita de mala fe, pese a que los escribanos actúan como depositarios de la fe pública y bajo declaraciones juradas.
Desde el sector notarial insisten en que no se oponen a la implementación del RUN ni a la unificación de los registros, pero reclaman plataformas plenamente operativas, capacitación adecuada y reglas claras que aseguren previsibilidad, eficiencia y seguridad jurídica. Advierten que, sin estos elementos, el nuevo sistema podría generar demoras e incertidumbre, contrariando el objetivo central de la reforma de brindar mayor transparencia y agilidad en los trámites registrales del país.
