El abogado Miguel Leiva cuestionó duramente el procedimiento realizado por la Municipalidad de Encarnación en un inmueble del barrio Curupayty, donde se desarrolla una controversia relacionada con un canal de desagüe. Durante una entrevista en el programa Punto Crítico, aseguró que la institución montó un «show mediático» para atribuirse una intervención que, según afirmó, ya estaba siendo ejecutada por obreros contratados de manera privada.
Leiva, representante legal del propietario del terreno, relató que funcionarios municipales, agentes policiales y personal de distintas dependencias se presentaron en el lugar con la intención de ingresar a la propiedad, pero, según sostuvo, sin contar con una orden judicial ni con la presencia de un oficial de justicia.
«Se presentaron más de 40 personas para hacer un procedimiento que nosotros estábamos realizando con apenas dos albañiles, una pala, un balde y una amoladora», expresó el profesional, quien calificó el despliegue como una acción propagandística.
Según explicó, el conflicto se remonta al año 2022, cuando el propietario autorizó a la Municipalidad a utilizar parte de su inmueble para canalizar las aguas pluviales, tras un acuerdo en el que la administración comunal se comprometía a ejecutar una solución definitiva en un plazo máximo de dos años.
De acuerdo con Leiva, ese compromiso nunca fue cumplido. Indicó que, una vez vencido el plazo, intimaron formalmente al municipio para que ejecutara las obras prometidas, pero no obtuvieron respuesta. Ante esa situación, afirmó que el propietario decidió recuperar las condiciones originales de su terreno.
El abogado también sostuvo que el reciente despeje del canal comenzó luego de una reunión entre vecinos y el diputado nacional Sebastián Remesowski, quien —según su versión— se comprometió a colaborar con la limpieza mientras se impulsa una solución definitiva al problema. Señaló que, cuando la comitiva municipal llegó al lugar, los trabajos ya estaban en marcha.
Leiva rechazó además la versión difundida por la Municipalidad de Encarnación, que informó haber obtenido una medida cautelar para intervenir en el sitio. Afirmó que ni su cliente ni él fueron notificados de una demanda o resolución judicial y reiteró que, de existir una orden válida, la habrían acatado.
Finalmente, el abogado insistió en que el conflicto tiene su origen en obras ejecutadas años atrás por la propia Municipalidad, las cuales —según afirmó— alteraron el escurrimiento natural de las aguas y terminaron afectando a varios vecinos del sector. Asimismo, adelantó que analizarán las acciones legales correspondientes respecto al procedimiento realizado y a las publicaciones oficiales emitidas por la institución comunal.
Cabe recordar que las declaraciones corresponden a la posición expuesta por el abogado Miguel Leiva durante la entrevista, mientras que la Municipalidad de Encarnación sostiene una versión distinta sobre los hechos, enmarcada en las actuaciones administrativas y judiciales que informó públicamente.
