Saltos del Guairá, 28 de abril de 2025 – La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de Mariano Villalba Santander, quien estuvo privado de su libertad durante casi seis meses sin una orden judicial que lo justificara. La resolución, que responde a un hábeas corpus reparador presentado por la defensora pública María Daisy Díaz, pone fin a una reclusión ilegal iniciada el 28 de octubre de 2024 en la Comisaría Primera de Saltos del Guairá, Canindeyú.
Villalba fue detenido por la Policía en cumplimiento de una condena de tres años de prisión dictada el 28 de mayo de 2024, tras un juicio oral. Sin embargo, la sentencia no estaba firme, ya que pendía un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema. A pesar de esto, el Juzgado de Ejecución de Canindeyú, a cargo de la jueza Arminda Alfonso, ordenó su reclusión, primero en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y luego en la comisaría mencionada.
Una detención sin fundamento legal
La defensora Díaz argumentó que la privación de libertad de Villalba era ilegítima, dado que el fallo original del juicio oral establecía medidas alternativas a la prisión hasta que la condena quedara firme. El Tribunal de Apelación de Canindeyú ratificó la sentencia el 9 de septiembre de 2024, pero la defensa interpuso un recurso de casación el 23 de septiembre, lo que impedía ejecutar la pena.
Tras revisar el caso, los ministros de la Sala Penal solicitaron informes a varias instancias. El Tribunal de Sentencia confirmó que no había emitido orden de captura contra Villalba. Por su parte, la Penitenciaría de Coronel Oviedo informó que el hombre no estaba en sus instalaciones, mientras que la Dirección de Institutos Penales aclaró que se encontraba en la Comisaría Primera de Saltos del Guairá. La Policía, a su vez, justificó la detención con un oficio del Tribunal de Sentencia que mencionaba la condena, pero no existía una orden judicial explícita para su encarcelamiento.
Irregularidades y medidas ordenadas
La Corte Suprema concluyó que la privación de libertad de Villalba era ilegal al no contar con una orden de un juez competente. Los ministros votaron unánimemente por su liberación inmediata y ordenaron una auditoría del expediente para esclarecer las irregularidades. Además, remitieron los antecedentes a la Policía Nacional y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que investiguen posibles responsabilidades.
Este caso expone graves fallos en el sistema judicial y penitenciario, que permitieron que un ciudadano permaneciera preso sin justificación legal durante casi medio año. La resolución de la Corte busca reparar esta violación de derechos y prevenir que situaciones similares se repitan.
