Resultados de verificación patrimonial en febrero o marzo.
La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra analizando los bienes de varias autoridades públicas cuestionadas el año pasado por supuestas incongruencias en sus declaraciones juradas. Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la CGR, informó que los resultados de los exámenes de correspondencia y veracidad podrían estar disponibles entre febrero y marzo de este año.
Entre los investigados destacan dos senadores vinculados al cartismo: Lizarella Valiente y Ramón Retamozo. Valiente presentó su descargo el pasado lunes, incluyendo observaciones preliminares. Los informes finales sobre su situación patrimonial se esperan en el primer trimestre.
Otras figuras bajo investigación
El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), también está siendo investigado por la CGR, al igual que el intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, también del PLRA.
Anadelia Acosta Armoa, ex funcionaria de la Cámara de Diputados, se vio forzada a renunciar tras un escándalo mediático en el que se comprobó que se apropió indebidamente de G. 800 millones (equivalentes a más de USD 100,000). Dichos fondos debían destinarse a dos familias de escasos recursos en Caaguazú. Aunque devolvió casi todo el dinero, finalmente fue desvinculada de la institución.
Otro caso emblemático es el de Gustavo Arias, ex consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), quien registra un incremento patrimonial no justificado según un informe preliminar de la CGR.
Asimismo, Mauro Ruiz Díaz, ex director de Inteligencia Técnica de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), está en investigación por supuestamente filtrar información a grupos criminales vinculados al Operativo A Ultranza Py. Ruiz Díaz, quien estuvo comisionado a la Cámara de Diputados, fue desvinculado tras el escándalo.
Recaudación por multas
Torres destacó que la CGR recaudó G. 2.000 millones en multas por incumplimiento de la declaración jurada durante los últimos cinco años. Con la modificación de la Ley 5033/13 por la 6919/22, las multas ahora se calculan en base al porcentaje del salario del infractor, variando entre el 20% y el 100% según los días de atraso. Anteriormente, la sanción era de 300 jornales sin importar las circunstancias.
“Desde el inicio de los sumarios administrativos en 2020 hasta la fecha, hemos concluido más de 1,000 casos”, aseguró Torres.
Más investigaciones en curso
En paralelo a los exámenes de correspondencia, la CGR también está analizando las declaraciones juradas de nueve jueces de paz de Asunción y sus respectivos actuarios y ujieres, sumando un total de 43 personas investigadas en el marco del caso conocido como la Mafia de los Pagarés.
