El sector energético brasileño está preocupado porque las acusaciones de espionaje hacia autoridades paraguayas, vinculadas a la Binacional Itaipú, puedan obstaculizar una posible reducción en la tarifa de la hidroeléctrica.
Según reportes, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) habría iniciado actividades de espionaje contra Paraguay durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2018-2022), las cuales se habrían mantenido bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Este escándalo ya ha causado la interrupción de las negociaciones del Anexo C, y ahora el sector energético teme que también afecte los esfuerzos por disminuir el costo de la energía de Itaipú, según informó el medio Folha de São Paulo.
Se especula que este incidente podría generar una mayor presión para mantener o incluso aumentar el precio de la electricidad producida por la Binacional. Un reporte de Universo Online (UOL) reveló que Abin habría infiltrado sistemas informáticos del gobierno paraguayo para obtener información sobre los costos operativos de Itaipú.
Paulo Pedrosa, líder de Abrace, una asociación que agrupa a grandes consumidores industriales de energía, afirmó que este episodio «sin duda tendrá un impacto en las negociaciones energéticas». Por su parte, Luiz Eduardo Barata, presidente del Frente Nacional de Consumidores de Energía, expresó su inquietud ante las repercusiones de este caso. «¿Qué seguridad tenemos de que, con las negociaciones del Anexo C detenidas y un acuerdo que ya perjudica a los consumidores, no surja algo aún más desfavorable?», cuestionó.
Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña señaló que este incidente reaviva tensiones históricas, remontándose a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), y sugirió que Brasil aún no ha superado la «historia de desconfianza» con su país vecino. Las compensaciones por las pérdidas de ese conflicto siguen siendo un tema recurrente en las discusiones sobre la gestión de la planta binacional.
El acuerdo alcanzado en 2024, presuntamente influido por el espionaje, se firmó entre abril y mayo del año pasado y estableció un aumento y congelamiento por tres años del Costo Unitario del Servicio Eléctrico (Cuse), la tarifa de la central. En Paraguay, la Contraloría General supervisa las finanzas de Itaipú, mientras que en Brasil ni el Tribunal de Cuentas de la Unión ni el Ministerio Público tienen acceso a sus registros, y el Congreso, aunque tiene autoridad para exigir transparencia, muestra poco interés en hacerlo.
