La instalación de reductores de velocidad en zonas consideradas de riesgo vuelve a generar debate entre autoridades y ciudadanos, especialmente por la necesidad de garantizar mayor seguridad vial sin afectar la infraestructura de las rutas.
Durante una entrevista, representantes del área técnica señalaron que este tipo de medidas no responden a una decisión improvisada, sino a lo establecido dentro de las normativas y estudios correspondientes para reducir la velocidad en sectores donde existe circulación constante de personas, instituciones educativas o cruces peligrosos.
“Los reductores no son una solución creada para nosotros, sino una medida que está reglamentada y que técnicamente puede ser implementada”, explicó el profesional, destacando que la problemática principal continúa estando vinculada a la conducta de los conductores.
Según indicó, uno de los principales inconvenientes es que algunos automovilistas, en lugar de disminuir la velocidad al aproximarse a estos dispositivos, optan por acelerarla para reducir el impacto, generando una situación de mayor peligro para peatones y otros usuarios de la vía.
En cuanto al pedido de instalación de semáforos en sectores como Arroyo Porã, en el tramo que conecta con República Argentina, explicó que cualquier elemento regulador del tránsito debe surgir de un estudio técnico que determine cuál es la alternativa más adecuada.
Agregó que, en el caso de rutas nacionales, los municipios suelen encargarse de la instalación y mantenimiento de semáforos, pero siempre con las autorizaciones correspondientes de las instituciones responsables de la vía.
Asimismo, señaló que los reductores de velocidad también pueden ocasionar efectos sobre la estructura del pavimento, principalmente debido al tránsito pesado y al exceso de carga de algunos camiones, por lo que cada medida debe ser analizada desde una perspectiva integral.
Finalmente, insistió en que la seguridad vial depende principalmente del compromiso ciudadano. “Si tuviéramos conciencia, no necesitaríamos este tipo de medidas y evitaríamos muchos problemas”, afirmó, remarcando que la responsabilidad institucional debe ir acompañada del cumplimiento de las normas por parte de los conductores.
