La Asociación de Abogados de Itapúa (A.A.I.) emitió un fuerte comunicado en defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y los derechos procesales del abogado Walter Acosta, imputado por un hecho ocurrido en Tavapy.
Encarnación. En un pronunciamiento dirigido a la comunidad jurídica nacional, a los poderes del Estado y a la ciudadanía en general, la Asociación de Abogados de Itapúa (A.A.I.) expresó su profunda preocupación por lo que considera una cadena de irregularidades procesales y una grave intromisión de otros poderes del Estado en el ámbito del Poder Judicial, específicamente en el proceso penal abierto contra el abogado Walter Acosta.
El Consejo Directivo de la A.A.I., en uso de sus atribuciones estatutarias, rechazó enfáticamente todo tipo de violencia y se solidarizó con la funcionaria del INTN, Lourdes Sosa, víctima del hecho protagonizado por Acosta. No obstante, advirtió sobre el riesgo de que el caso sea utilizado con fines políticos, lo que, según la entidad, pone en jaque el principio de separación de poderes y la legalidad del proceso judicial.
“Rechazamos la abierta intromisión de distintos órganos del Estado en el proceso que involucra al colega Walter Acosta, especialmente por parte del Congreso Nacional, cuya resolución solicitando el enjuiciamiento de los magistrados intervinientes representa un grave perjuicio a la institucionalidad y debilita la imagen del país”, reza el documento.
Denuncian abuso de autoridad y excesos del Ministerio Público
La A.A.I. también criticó fuertemente la actuación del Ministerio Público, al que acusa de haber actuado con abuso de poder, al ordenar la detención del abogado Walter Acosta sin fundamentos sólidos ni indicios de fuga, a pesar de que el profesional tiene domicilio conocido en la zona de los hechos.
Según el gremio, esta actuación viola la objetividad exigida por el sistema penal y contradice recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, en especial lo establecido por las acordadas N° 1631/22 y 1511/21, relativas al control jurisdiccional del acta de imputación y la aplicación racional de la prisión preventiva, respectivamente.
“Preocupa la percepción de que se están aplicando medidas desproporcionadas, ignorando incluso el arrepentimiento expresado públicamente por el imputado y su sometimiento voluntario al proceso. El uso de la prisión preventiva en este caso carece de justificación legal suficiente y se torna abusivo e injusto”, sostiene la organización.
Llamado al respeto de la Constitución y al rol de los operadores de justicia
En un tono enfático, la Asociación hizo un llamado a los tres poderes del Estado para que den señales claras de respeto al Estado de Derecho, exigiendo garantías para la independencia judicial y el cese de toda injerencia externa en las decisiones de magistrados.
Asimismo, exhortaron a los operadores de justicia a actuar con valentía, conforme al principio de legalidad, resistiendo presiones y recordando su deber de responder únicamente a la Constitución Nacional y las leyes.
“En un Estado donde no se respete la independencia del Poder Judicial, tarde o temprano todos podríamos ser víctimas de graves injusticias”, concluye el pronunciamiento.
Este comunicado pone en evidencia la tensión creciente entre el gremio de abogados y sectores del poder político, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la separación de poderes y el uso de la prisión preventiva en el país.
