El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado oficial en el que anuncia la presentación de una denuncia penal contra una funcionaria del Registro de la Propiedad, a quien acusa de haber incurrido, presuntamente, en la adulteración u omisión dolosa de datos relacionados con una medida de inhibición dictada contra su defendido, Alexandre Rodrigues Gomes. Según Tuma, esta conducta habría generado una grave falla en el sistema registral, permitiendo la inscripción de cuatro inmuebles a su nombre, lo que derivó en su actual imputación, la cual considera injusta.
En su declaración, Tuma sostiene que los hechos no son el resultado de una maniobra personal, sino de una serie de errores y omisiones atribuibles exclusivamente al Registro de la Propiedad, que incumplió su deber de garantizar la seguridad jurídica y la oponibilidad de las medidas vigentes en el sistema inmobiliario. “Jamás mancharía el nombre de mi padre ni me prestaría para ningún tipo de maniobra ilegal o contraria a la ley. NUNCA LO HICE”, afirmó enfáticamente, destacando que su trayectoria personal y profesional está basada en principios éticos.
El abogado detalló que los cuatro inmuebles, valorados en 300 mil dólares, fueron recibidos en pago de honorarios mediante escritura pública y sin impedimentos registrales. Por ello, asegura no ser responsable de las irregularidades internas del sistema registral. Además, anunció que iniciará una acción civil por daños y perjuicios contra la Dirección General de los Registros Públicos, argumentando el grave perjuicio moral, reputacional, familiar y económico que esta situación ha causado tanto a él como a su familia, quienes, según sus palabras, son personas de conducta intachable y ajenas a este conflicto.
Tuma expresó su respeto por el trabajo del Ministerio Público, pero cuestionó la celeridad con la que se formuló la imputación en su contra, en menos de 24 horas, invocando figuras penales que considera inaplicables y sin un análisis profundo de la documentación. Esta premura, según él, afecta su derecho a la defensa y el principio de legalidad que debe regir toda actuación fiscal.
El abogado subrayó que el Estado, a través del Registro de la Propiedad, debe asumir la responsabilidad por los errores cometidos. “Si la medida de inhibición hubiese sido inscripta de manera clara, completa y efectiva, esta controversia nunca habría existido”, afirmó. En este sentido, Tuma se presenta como la verdadera víctima de una falla institucional que ha generado consecuencias jurídicas, personales y familiares ajenas a su voluntad.
Con estas acciones legales, Oscar Tuma busca no solo esclarecer los hechos y defender su honor, sino también exigir responsabilidades por lo que califica como una actuación institucional irresponsable que ha dañado su reputación y la de su familia.
