El diputado opositor Raúl Benítez presentó un pedido de informe, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que la Dirección General paraguaya de Itaipú Binacional proporcione detalles sobre las contrataciones de asesores externos y consultores realizadas desde enero de 2023 hasta la fecha. La iniciativa surge tras las cuestionadas contrataciones vinculadas al caso de Gustavo Vera Santander, expareja de la senadora Zenaida Delgado.
Vera Santander figuraba en la nómina de la entidad binacional como “asesor en reforestación”, según sus propias declaraciones, con una remuneración de aproximadamente G. 8 millones. El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones de su contratación y las tareas que debía desempeñar dentro de la institución.
A través del pedido, Benítez busca acceder a la nómina completa de asesores externos, consultores individuales, prestadores de soporte técnico y personas contratadas mediante órdenes de servicio. También solicita información sobre los objetos de cada contrato, los perfiles profesionales requeridos, los plazos de ejecución, los honorarios establecidos y las dependencias que solicitaron los servicios.
El parlamentario exige igualmente conocer los mecanismos utilizados para seleccionar a los contratados, especificando si los procedimientos se realizaron mediante concursos, llamados públicos o contrataciones directas, además de los documentos administrativos que respalden cada proceso.
Entre los documentos requeridos se encuentran copias de órdenes de servicio, facturas y comprobantes emitidos desde agosto de 2023 bajo el concepto de “servicio de soporte técnico para la asesoría de planeamiento y coordinación”. Asimismo, solicita actas e informes de avance que permitan verificar la prestación efectiva de los servicios y justificar los pagos realizados.
Control sobre las tareas y posibles conflictos de intereses
Otro de los puntos centrales del pedido apunta a determinar cómo Itaipú controla el cumplimiento de las funciones asignadas a sus asesores. En ese sentido, se solicita información sobre los mecanismos de registro de asistencia, los productos técnicos entregados, los lugares de trabajo y las evidencias de las actividades desarrolladas por los contratados.
Además, Benítez requiere copias de las declaraciones juradas de no incompatibilidad, parentesco y ausencia de conflictos de intereses presentadas por los prestadores de servicios.
Según el legislador, la documentación permitirá esclarecer si existieron posibles direccionamientos en las contrataciones, situaciones de nepotismo o conflictos de intereses, así como determinar si hubo una contraprestación efectiva por los recursos públicos destinados a estas asesorías.
El pedido busca establecer, particularmente en el caso de Gustavo Vera Santander, si las funciones atribuidas como asesor fueron realmente cumplidas o si existieron irregularidades en la prestación de servicios y los pagos efectuados por la binacional.
