Fiscalía advierte sobre controles y delitos durante las elecciones municipales

A pocas horas de las elecciones municipales previstas para este domingo 4 de octubre, el Ministerio Público recordó las medidas de control que serán implementadas durante la jornada electoral y advirtió sobre los principales hechos punibles que podrían registrarse en los locales de votación.

El fiscal electoral Hugo Dávalos, quien tendrá a su cargo la cobertura de los distritos de Ayolas y Yabebyry, señaló que se trabajará de manera coordinada con efectivos de la Policía Nacional y la Jefatura Departamental de Misiones para garantizar la seguridad en los alrededores de los locales habilitados para sufragar.

Entre las conductas que serán especialmente vigiladas se encuentra la denominada sujeción al elector, que consiste en obligar o inducir a una persona a votar por un candidato o una lista determinada. Según explicó el agente fiscal, este tipo de hechos puede derivar en sanciones de hasta cinco años de pena privativa de libertad.

También estarán bajo control eventuales casos de falseamiento de padrones y actas electorales, considerados hechos punibles dentro del proceso electoral.

Intervención ante denuncias o en flagrancia

Dávalos explicó que el Ministerio Público podrá intervenir tanto a partir de denuncias formalizadas como de oficio, especialmente cuando se detecten hechos en flagrancia o situaciones de violencia.

El objetivo, indicó, es mantener una intervención mínima y permitir que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y pacífica.

Asimismo, recordó las restricciones vigentes durante el periodo electoral y la prohibición de realizar propaganda fuera de los plazos establecidos. La ciudadanía deberá respetar las disposiciones previstas por la legislación electoral durante las horas previas y durante la jornada de votación.

Finalmente, el fiscal electoral instó a los ciudadanos a acudir a los locales habilitados y ejercer su derecho al sufragio de manera libre y consciente, recordando que el voto constituye tanto un derecho como una obligación establecida por la legislación paraguaya.