Continúan las tensiones en la Municipalidad de Asunción a raíz del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo municipal y tres organizaciones sindicales para un nuevo contrato colectivo. El convenio genera cuestionamientos de otros seis gremios que quedaron fuera de la negociación y despierta dudas debido a que fue firmado a pocas semanas de las elecciones municipales.
El director jurídico de la comuna, Jorge Sabaté, explicó que el documento todavía no está aprobado y debe atravesar varias instancias antes de entrar en vigencia. Según detalló, el contrato fue remitido por la Intendencia a la Junta Municipal, donde primero deberá ser recibido y posteriormente derivado a las comisiones correspondientes para su estudio.
Sabaté aclaró que la aprobación no se realizaría mediante una ordenanza, sino a través de una resolución de la Junta Municipal, que tiene la facultad de analizar y aprobar este tipo de contratos y convenios. Posteriormente, el documento deberá ser remitido al Ministerio del Trabajo para su eventual homologación.
El funcionario señaló que el acuerdo fue elaborado tras aproximadamente seis meses de negociaciones entre representantes sindicales y distintas dependencias del Ejecutivo municipal. La versión final ya cuenta con la firma del intendente Luis Bello y de las direcciones municipales involucradas.
“Si no hay plata, no se paga”
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto económico que podría tener el contrato en las finanzas municipales. Al respecto, Sabaté sostuvo que cualquier beneficio contemplado en el convenio estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria.
“Si no hay plata, no se paga”, afirmó el director jurídico, al explicar que la normativa presupuestaria impide ejecutar beneficios si no existen recursos disponibles. Reconoció además que la Municipalidad mantiene compromisos de contratos anteriores que todavía no fueron abonados debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.
El abogado sostuvo que varios de los beneficios salariales reclamados por los funcionarios ya constituyen derechos adquiridos, debido a que fueron percibidos durante administraciones anteriores y no fueron objetados posteriormente.
La Junta Municipal tendrá la última palabra
Sabaté insistió en que el procedimiento iniciado corresponde al trámite habitual para este tipo de documentos y que los concejales tendrán la posibilidad de analizar el contenido, formular cuestionamientos y decidir posteriormente si corresponde aprobarlo o rechazarlo.
En caso de avanzar, el contrato deberá pasar además por el Ministerio del Trabajo, institución que también puede formular objeciones y eventualmente no homologar el acuerdo.
Respecto al origen de la iniciativa, el director jurídico indicó que la propuesta fue planteada formalmente por los gremios. Uno de los objetivos señalados fue regularizar la situación de los trabajadores jornaleros, que, según explicó, quedaron en una situación de mayor vulnerabilidad tras la aplicación de la Ley 7745.
El debate se desarrolla en medio de la situación financiera que atraviesa la Municipalidad de Asunción, con cuestionamientos sobre su capacidad para asumir nuevos compromisos. En ese contexto, la Junta Municipal deberá determinar si las condiciones establecidas en el contrato son compatibles con las posibilidades presupuestarias de la comuna.
