La diferencia en la respuesta política del Gobierno ante las movilizaciones de docentes y médicos quedó nuevamente expuesta. Mientras que el oficialismo flexibilizó su postura frente al gremio educativo ante el temor de un impacto electoral, actualmente mantiene una posición mucho más rígida frente a los reclamos del sector de la salud.
El conflicto con los docentes se inició a comienzos de año, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que contemplaba cambios en las condiciones de jubilación. Las organizaciones sindicales rechazaron inicialmente la propuesta y realizaron un paro general, además de movilizaciones en distintos puntos del país.
La presión aumentó cuando los docentes comenzaron a reunirse con parlamentarios y anunciaron medidas de protesta, incluyendo escraches y la amenaza de impulsar un “voto castigo” contra los legisladores que apoyaran la reforma.
A pocos meses de las elecciones internas coloradas, varios referentes del oficialismo reconocieron la preocupación por el impacto que las protestas podían tener en sus estructuras electorales. Ante este escenario, el vicepresidente Pedro Alliana intervino directamente y anunció una flexibilización del proyecto, lo que permitió destrabar el conflicto y levantar las medidas de fuerza.
La situación es diferente con los médicos, quienes llevan adelante movilizaciones y una huelga en reclamo de mejoras salariales y laborales. El sector exige, entre otros puntos, elevar el salario de G. 5 millones a G. 8 millones por un vínculo laboral de 12 horas semanales, además del pago de feriados trabajados, mayor disponibilidad de insumos y la desprecarización laboral.
Uno de los principales problemas denunciados por los profesionales es la elevada cantidad de trabajadores contratados. Según los gremios, de unos 11.000 médicos que forman parte del sistema público, alrededor de 9.000 se encuentran bajo contratos.
La crisis se profundizó esta semana con la renuncia de más de 300 médicos especialistas y subespecialistas. Pese a la gravedad de la situación, el Ejecutivo todavía no presentó una respuesta que satisfaga las principales demandas del sector.
La ministra de Salud, Teresa Barán, argumentó que el Ministerio no dispone del presupuesto necesario para responder a todas las exigencias y planteó como alternativa avanzar con la carrera sanitaria. Desde el Congreso también se realizaron reuniones, pero sin resultados concretos.
Mientras tanto, sectores del oficialismo cuestionan la posibilidad de aumentar impuestos para destinar mayores recursos a la salud. El senador Basilio “Bachi” Núñez adelantó que rechazará propuestas de incremento o creación de nuevos tributos, incluso cuando los fondos tengan como destino el sistema sanitario.
La oposición cuestiona el contraste entre ambas situaciones y sostiene que el Gobierno actuó con mayor rapidez cuando existía un riesgo electoral, mientras que ahora, ante una crisis que afecta directamente a la atención de pacientes, mantiene una postura más inflexible.
El conflicto entre el Gobierno y los médicos continúa sin una salida clara, mientras crece la preocupación por el impacto que la falta de especialistas y las condiciones laborales pueden generar en los servicios de salud pública de todo el país.
