La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro ciudadanos colombianos imputados por supuestos hechos de extorsión y asociación criminal, en el marco de una investigación por un presunto secuestro extorsivo ocurrido en Asunción.
La decisión fue tomada por la jueza Penal de Garantías Clara Ruiz Díaz, quien consideró que persisten riesgos de fuga y de obstrucción a la investigación.
Los procesados fueron identificados como Jheiner David Rojas Pallares (23), alias “Jeynercito”; Luis Miguel Triana Díaz (27); Jaider Javier De La Hoz Pallares (18) y Jaider De La Hoz Bustamante (39). Los cuatro residían en distintos sectores de Luque.
Junto con los sospechosos también había sido detenida una joven, quien posteriormente fue liberada por el Ministerio Público debido a que, según fuentes fiscales, no se encontraron elementos suficientes que la vincularan con el hecho.
Investigación apunta a préstamos informales
Según los investigadores del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, los sospechosos presuntamente estarían vinculados a una estructura dedicada a préstamos informales de dinero, conocidos como “gota a gota”.
La hipótesis sostiene que los integrantes de la organización entregaban dinero y posteriormente realizaban cobros periódicos, con intereses. Ante eventuales incumplimientos, presuntamente recurrían a amenazas y violencia para exigir el pago de las deudas.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Colombia por familiares de una de las presuntas víctimas. La información fue comunicada a la Policía paraguaya, que posteriormente logró identificar y ubicar a los sospechosos.
Exigían dinero para liberar a la víctima
La presunta víctima, identificada como José Alberto Jerez Uribe, ciudadano colombiano residente en Paraguay, habría denunciado que fue retenida y agredida con el objetivo de exigir dinero a sus familiares y allegados en Colombia.
De acuerdo con su declaración, los captores habrían solicitado aproximadamente 27 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos G. 47 millones, a cambio de su liberación.
El hombre relató que el martes 4 de agosto habría sido agredido en una oficina atribuida a Jheiner David Rojas Pallares. Las agresiones supuestamente continuaron hasta la madrugada del día siguiente.
Posteriormente, su pareja, Jazmín Ramírez, habría llegado al lugar y, según la denuncia, también presenció las agresiones. Ambos fueron trasladados posteriormente hasta una vivienda ubicada en el barrio San Juan de Asunción.
Grabaron las agresiones para exigir dinero
Siempre según el relato de la víctima, los sospechosos habrían obligado a Jazmín a grabar con su teléfono celular las agresiones y utilizar las imágenes para solicitar dinero a su madre.
A raíz de estas exigencias, la familia habría enviado G. 3 millones, tras lo cual la mujer fue liberada. Sin embargo, la víctima habría sido llevada nuevamente hasta la oficina donde, según la denuncia, continuaron las agresiones.
Posteriormente se habrían producido nuevas exigencias económicas. La mujer entregó otros G. 1 millón y, de acuerdo con la investigación, también se habría producido el vaciamiento de su cuenta bancaria.
Los investigadores además señalan que los sospechosos habrían recibido 500.000 pesos colombianos enviados desde Colombia antes de la liberación de la víctima.
Prisión preventiva por riesgo de fuga y obstrucción
La jueza Clara Ruiz Díaz fundamentó la prisión preventiva en la existencia de un riesgo latente de fuga, considerando, entre otros aspectos, la posibilidad de que los imputados abandonen el país.
También tuvo en cuenta el peligro de obstrucción a la investigación, debido a que el proceso se encuentra en una etapa inicial y todavía resta recolectar evidencias.
La magistrada consideró además que existe la posibilidad de que los imputados intenten influir sobre la denunciante o los testigos mediante mecanismos de persuasión o coacción.
Ante estos argumentos, concluyó que no existe otra medida menos gravosa que permita garantizar el desarrollo de la investigación y ordenó la prisión preventiva de los cuatro procesados.
Los imputados serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú, o al establecimiento penitenciario que determine la autoridad competente, quedando a disposición del Juzgado Penal de Garantías N.º 5.
Cabe señalar que los cuatro procesados se encuentran imputados y rige para ellos la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
