El abogado Rolando Aquino, representante legal de una de las familias de las víctimas del derrumbe del edificio ocurrido el 2 de abril de 2025 en Encarnación, sostuvo que los últimos informes periciales elaborados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) confirman graves deficiencias estructurales en la construcción y fortalecen la investigación penal contra los imputados.
Durante una entrevista en el programa Punto Crítico, Aquino explicó que el Ministerio Público solicitó dos pericias especializadas: una geotécnica, relacionada con el estudio del suelo, y otra enfocada en la estructura del edificio. Según indicó, los análisis detectaron importantes errores en los pilares de la construcción, principalmente por la baja calidad del hormigón utilizado y por dimensiones insuficientes para soportar la carga prevista.
El abogado señaló que, además de las deficiencias en los materiales, los peritos concluyeron que al menos cuatro columnas habrían colapsado incluso si el hormigón hubiera sido de óptima calidad, debido a errores de diseño y cálculo estructural. «El problema no era solamente el material, sino también las dimensiones y la distribución de las cargas», explicó.
Aquino recordó que anteriormente ya se habían detectado irregularidades en la aprobación de los planos, los cuales —según afirmó— no cumplían con la normativa municipal vigente, ya que carecían de la firma de un ingeniero civil. A esto se sumó la construcción de pisos adicionales que, según la investigación, fueron autorizados posteriormente mediante el pago de multas, sin una verificación técnica adecuada sobre la capacidad real de la estructura.
Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue la existencia de un informe técnico realizado meses antes del derrumbe por una empresa privada, que ya advertía sobre desperfectos y riesgos en el edificio. De acuerdo con Aquino, los propietarios fueron informados sobre esas anomalías, pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para evitar el colapso.
En cuanto a la investigación penal, el abogado recordó que actualmente existen cinco personas imputadas, entre ellas la propietaria, el arquitecto responsable y funcionarios municipales. La querella sostiene que las responsabilidades no se limitan únicamente a quienes ejecutaron la obra, sino que también alcanzan a quienes tenían el deber legal de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas de construcción.
Aquino cuestionó además el papel desempeñado por la Municipalidad de Encarnación durante el proceso de autorización de la obra. A su criterio, la institución tenía la obligación de verificar si las ampliaciones realizadas cumplían con las condiciones técnicas antes de otorgar nuevas habilitaciones, especialmente cuando se trataba de un edificio de varios niveles.
Respecto al avance del proceso judicial, indicó que las apelaciones presentadas por algunas de las defensas fueron consideradas maniobras dilatorias por instancias superiores, las cuales incluso advirtieron sobre posibles sanciones en caso de persistir esas conductas. Según explicó, la etapa investigativa concluiría en septiembre, cuando el Ministerio Público deberá decidir si presenta la acusación formal para llevar el caso a juicio oral.
Finalmente, el abogado remarcó que el objetivo de la querella es que se determinen todas las responsabilidades penales derivadas del derrumbe que provocó la muerte de dos personas. «El derecho penal analiza quién creó el riesgo y quién omitió actuar para evitar el resultado. Cuando hay vidas humanas de por medio, todas las acciones y omisiones deben ser investigadas», concluyó.
