Los abogados querellantes del caso del derrumbe del edificio en construcción en Encarnación, que dejó dos personas fallecidas, dieron a conocer detalles de las pericias técnicas incorporadas a la investigación. Según explicaron, un informe elaborado en octubre de 2024 ya advertía sobre importantes deficiencias estructurales y recomendaba acciones urgentes para evitar riesgos futuros.
Durante una conferencia de prensa, los representantes legales señalaron que el estudio, realizado por la firma Grupo 360 a pedido de los responsables de la obra, fue entregado tanto a los arquitectos como a la propietaria del edificio aproximadamente seis meses antes del colapso. El documento concluía que la estructura presentaba «diversas falencias» que, de no ser corregidas con prontitud, podrían comprometer la seguridad y la habitabilidad del inmueble.
Los abogados destacaron que el informe insistía en la necesidad de intervenir de manera inmediata con reparaciones, refuerzos estructurales y un programa de mantenimiento preventivo para garantizar la estabilidad del edificio a largo plazo. Además, afirmaron que los profesionales que elaboraron el estudio ratificaron posteriormente el contenido de sus conclusiones mediante declaraciones testimoniales.
A estas evidencias se suma una pericia realizada por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), quienes efectuaron dos tipos de análisis. El primero evaluó la estructura en el estado en que se encontraba la construcción al momento del estudio y ya detectó un déficit de resistencia. El segundo simuló el edificio completamente terminado y concluyó que las deficiencias estructurales eran aún mayores.
Según explicaron los abogados, los cálculos de la FIUNA incluso fueron realizados sin considerar factores externos como la acción del viento. De haberse incorporado esas variables, la resistencia del edificio habría resultado todavía más comprometida. También aclararon que los peritos solo pudieron analizar muestras extraídas de las zonas periféricas del derrumbe, debido a que el núcleo de la estructura permanece inaccesible bajo los escombros.
En cuanto a las responsabilidades, los querellantes sostuvieron que los funcionarios municipales imputados no son responsables de la calidad de los materiales utilizados en la construcción, pero sí del control administrativo y del cumplimiento de los planos y permisos de obra. En ese sentido, cuestionaron que se hayan autorizado modificaciones en el proyecto, incluyendo la habilitación de pisos adicionales, pese a las presuntas irregularidades detectadas en la documentación.
Durante la conferencia también respondieron a declaraciones del intendente de Encarnación, quien habría minimizado el alcance de su firma en los permisos de construcción. Los abogados rechazaron esa postura y sostuvieron que las autorizaciones municipales tienen plena validez jurídica y representan un acto de responsabilidad administrativa que no puede ser considerado como un simple trámite.
Finalmente, advirtieron que el desenlace pudo haber sido mucho más trágico si el edificio ya hubiese estado en funcionamiento. Recordaron que el proyecto contemplaba un hotel con decenas de habitaciones y otros espacios de uso común, por lo que el colapso, de haberse producido con el inmueble ocupado, podría haber provocado una tragedia de mayores dimensiones. Las nuevas pericias, señalaron, fortalecen la investigación y podrían ser complementadas con nuevos estudios a medida que avance la remoción de los escombros.
