Un nuevo caso de presunto planillerismo ha desatado un intenso debate en el Senado paraguayo, poniendo en el centro de la controversia a la senadora liberocartista Noelia Cabrera. La legisladora enfrenta un posible pedido de pérdida de investidura debido al escándalo que involucra a dos de sus sobrinos, quienes habrían sido contratados en la Cámara Alta con salarios de entre G. 8 y G. 13 millones, pero desempeñándose en el estudio jurídico de la pareja sentimental de Cabrera.
Prudencia en Honor Colorado
En las filas del movimiento Honor Colorado, al que Cabrera está alineada, reina la cautela. El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, integrante de la bancada cartista, expresó que esperarán la formalización del pedido de pérdida de investidura y los resultados del sumario administrativo antes de tomar una postura definitiva. “Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a analizar en bancada y actuaremos según la decisión de la mayoría”, afirmó Galaverna en declaraciones a la prensa.
El legislador condenó enérgicamente la práctica del planillerismo, señalando que este tipo de casos no solo dañan la imagen de la Cámara Alta, sino que también afectan al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez. “Es una situación que expone a toda la institución y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera. Yo desprecio esta situación”, sentenció.
Por su parte, Núñez optó por no pronunciarse directamente sobre el caso de su aliada, limitándose a indicar que cualquier decisión será evaluada en bancada. “Si uno se va por estas cuestiones, muchos se tienen que ir”, comentó en la 1020 AM, sugiriendo que el problema del planillerismo podría ser más amplio en el Congreso.
La oposición exige medidas drásticas
Desde la oposición, las voces han sido más contundentes. El senador liberal Eduardo Nakayama calificó el caso como una “bofetada al pueblo paraguayo” y anunció su apoyo al proyecto de pérdida de investidura impulsado por la senadora Celeste Amarilla. Nakayama señaló que la contratación de los sobrinos de Cabrera, con altos salarios, constituye una clara violación de las leyes contra el nepotismo. “Su conducta deteriora aún más la imagen de la Cámara de Senadores y, por ello, debe renunciar o perder su investidura”, publicó en sus redes sociales.
Nakayama también instó al Ministerio Público a investigar los hechos por posible cobro indebido de honorarios y otros delitos, subrayando que el caso no debería resolverse únicamente con una renuncia o pérdida de investidura.
Por su parte, Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue la primera en expresar indignación y anunciar que presentará un proyecto de resolución para la pérdida de investidura de Cabrera. La legisladora denunció que los sobrinos de Cabrera, contratados en agosto de 2023 y nombrados en 2025, trabajaban en el estudio jurídico de la pareja de la senadora, lo que fue revelado por investigaciones de Monumental 1080 AM y Última Hora.
Senador niega vinculación
El senador Édgar López, presidente de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad, salió al paso de las acusaciones que lo vinculan al caso, negando haber autorizado o firmado órdenes de trabajo relacionadas con los sobrinos de Cabrera. “No firmé ninguna orden de trabajo. Si encuentran mi firma, tiene que ser falsificada”, aseguró en Radio Monumental 1080 AM. López afirmó desconocer a los sobrinos de Cabrera y señaló que, según la senadora, estos trabajaban en su despacho. El legislador indicó que se reunirá con Cabrera para esclarecer el caso y que esperará los resultados del sumario administrativo antes de emitir una opinión definitiva.
Un caso que reaviva el debate sobre el nepotismo
El escándalo de los “neposobrinos” de Noelia Cabrera ha vuelto a poner en el ojo público las prácticas de nepotismo y planillerismo en el Congreso paraguayo. Mientras la bancada de Honor Colorado adopta una postura cautelosa, la oposición insiste en que este caso no puede quedar impune. La investigación en curso y el posible pedido de pérdida de investidura marcarán el rumbo de un caso que, una vez más, pone en entredicho la transparencia y la ética en la gestión pública.
