El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y su exjefe de Gabinete, Miguel Ángel Robles, fueron beneficiados con la libertad ambulatoria este jueves tras una resolución unánime del Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel. La decisión se basó en el cumplimiento de la pena mínima de seis meses, establecida para los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por los que ambos fueron condenados a 10 años de prisión en una sentencia que aún está en apelación.
La revisión de medidas se fundamentó en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que la prisión preventiva no puede exceder el tiempo de la pena mínima. Durante la audiencia, los abogados defensores, Guillermo Gayoso y Adrián Yudis, argumentaron que González Alegre, detenido desde el 4 de enero de 2025, ya había cumplido los seis meses requeridos. Por su parte, Guillermo Duarte Cacavelos, representante de Robles, destacó que su cliente también cumplió con este plazo y ofreció una caución real de G. 6.004 millones, respaldada por cinco inmuebles, para garantizar su responsabilidad, superando incluso el supuesto perjuicio patrimonial.
El fiscal Francisco Cabrera se opuso a la liberación, alegando riesgo de fuga debido a la existencia de una condena. Sin embargo, tras una breve deliberación, las juezas concedieron la libertad ambulatoria a ambos, imponiendo condiciones como la obligación de residir en el domicilio declarado y la prohibición de salir del país. En el caso de Robles, se ratificó la caución mencionada.
Contexto del caso
González Alegre y Robles fueron condenados por el desvío de G. 5.105.600.000 destinados a proyectos de reactivación económica durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Estos fondos estaban asignados a obras civiles y viales. En el mismo proceso, otros cinco exfuncionarios —Javier Marcelo Rojas Giménez, Lourdes Lezcano Decoud, Luis Eduardo Allende Araújo y Modesta Valiente— fueron sentenciados a dos años de prisión cada uno.
Además, Hugo Javier enfrenta otra causa por el presunto desvío de G. 18.300 millones, en la que debe someterse a juicio oral y público. En esa investigación, el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ya había revocado su arresto domiciliario, otorgándole también la libertad ambulatoria.
Implicancias legales
La resolución del Tribunal de Sentencia refleja la aplicación estricta de los principios constitucionales que regulan la prisión preventiva. Sin embargo, la apelación pendiente de la sentencia condenatoria mantiene la incertidumbre sobre el futuro judicial de los involucrados. Mientras tanto, las restricciones impuestas buscan garantizar que González Alegre y Robles permanezcan a disposición de la justicia.
fuente: UH
