Ciudad del Este, 20 de junio de 2025 – Los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y Yeimy Adle solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declare inadmisible la apelación general presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en una causa en la que está acusado por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones. La apelación, presentada en agosto de 2024, busca revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones que rechazó la recusación del juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Detalles del caso
El Ministerio Público acusa a Prieto y a otras diez personas de presuntos hechos de corrupción, incluyendo lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, los desvíos habrían ocurrido durante la pandemia a través de la contratación irregular de la empresa Tía Chela SRL para la provisión de cestas básicas destinadas a personas de escasos recursos. La Fiscalía señala un daño patrimonial de G. 2.130.036.160.
Prieto, por su parte, ha negado las acusaciones desde el inicio, asegurando que todas las entregas de las cestas básicas fueron documentadas con fotografías y que existen pruebas que respaldan su inocencia.
Pedido de la Fiscalía
Los fiscales no solo pidieron que se desestime la apelación de Prieto, sino que también solicitaron una sanción disciplinaria contra los abogados del intendente por considerar que han incurrido en un “ejercicio abusivo del derecho”. La apelación, que lleva casi un año sin resolución, mantiene paralizado el avance de la causa, en la que ya se ha presentado una acusación formal.
Contexto de la apelación
El recurso de Prieto se centra en el rechazo a la recusación del juez Otazú, quien lleva adelante el proceso. La defensa del intendente argumenta irregularidades en la actuación judicial, mientras que la Fiscalía insiste en que la apelación carece de fundamentos y busca dilatar el proceso.
El caso sigue bajo la lupa de la opinión pública en Ciudad del Este, donde Prieto es una figura prominente. La resolución de la Corte será clave para determinar los próximos pasos en esta investigación que ha generado controversia en la región.
Fuente: Redacción ÚH
