En una reciente sesión de la Junta Departamental de Itapúa, el conflicto por el estacionamiento tarifado en la ciudad de Encarnación generó un intenso debate entre los concejales, reflejando la preocupación de la ciudadanía y las tensiones legales y políticas que rodean esta medida. La sesión, que abordó una minuta presentada por el concejal Diego Cabral para instar a la Municipalidad de Encarnación a suspender inmediatamente el sistema de estacionamiento tarifado, contó con intervenciones destacadas de los concejales Vava Gómez, Silvio Píris y Canuto Insfrán, quienes expusieron posturas encontradas sobre la legalidad, legitimidad y pertinencia de la propuesta.
Contexto del conflicto
El estacionamiento tarifado en Encarnación, implementado mediante una concesión otorgada por la Junta Municipal a una empresa privada, ha generado controversia debido a las quejas de los ciudadanos sobre la falta de transparencia, la legalidad de la empresa concesionaria y el impacto económico en los habitantes y visitantes del departamento. Las calles en mal estado, la ausencia de servicios públicos básicos y las manifestaciones ciudadanas, que incluyeron quema de neumáticos, fueron algunos de los puntos destacados durante la discusión.
Intervención de Vava Gómez: Crítica a la minuta
La concejala Vava Gómez expresó su rechazo a la minuta presentada, calificándola de improvisada y carente de sustento jurídico. Según Gómez, la autonomía municipal de Encarnación implica que la Junta Departamental no tiene competencia para intervenir directamente en una decisión tomada por la Junta Municipal, que aprobó la concesión por mayoría. Argumentó que la minuta, con apenas «cuatro estrofas», no refleja un análisis profundo del tema y podría interpretarse como oportunismo político en un contexto preelectoral.
Gómez enfatizó que presentar esta minuta en la Junta Departamental es «una tomada de pelo» para los ciudadanos que protestan y sugirió que, en lugar de una minuta, se debería solicitar informes o canalizar el apoyo a las manifestaciones de manera adecuada. Propuso que el tema pase a una comisión para un estudio detallado, evitando un debate «innecesario» que podría generar un mensaje negativo para los inversionistas y el sector privado en Encarnación. «Esto es mentir, decir que con cuatro renglones nosotros vamos a detener algo que decidió por mayoría la junta», afirmó, instando a sus colegas a actuar con seriedad y respetar los marcos legales.
Intervención de Silvio Píris: Cuestionamiento a la legalidad
Por su parte, el concejal Silvio Píris adoptó una postura más conciliadora, aunque expresó preocupación por la legitimidad de la empresa concesionaria. Píris señaló que, aunque todos tienen derecho a peticionar, la minuta debe ser analizada con cuidado. Propuso que pase a una comisión para invitar a asesores jurídicos de la Municipalidad y esclarecer las dudas sobre la legalidad del contrato de concesión.
Píris cuestionó la falta de transparencia en la operación de la empresa, mencionando rumores de que no emite boletas legales ni está debidamente registrada, lo que podría constituir una ilegalidad. «Si estás firmando con una empresa que no existe jurídicamente, que no tiene boleta legal, yo creo que es ilegal», afirmó. Sugirió que, si se confirman estas irregularidades, la Junta Departamental podría instar a la Municipalidad a suspender la concesión con argumentos legales sólidos. Además, propuso invitar a representantes municipales, como el asesor jurídico o el intendente, para que brinden explicaciones en la próxima sesión.
Intervención de Canuto Insfrán: Principios de legalidad y legitimidad
El concejal Canuto Insfrán centró su intervención en los conceptos de legalidad y legitimidad, destacando las dudas sobre la empresa concesionaria. Insfrán señaló que la empresa parece operar de manera «clandestina» al no emitir boletas válidas para el fisco, lo que genera confusión entre los ciudadanos que reciben multas. Relató que los afectados deben dirigirse a una oficina privada para pagar, en lugar de la Municipalidad, lo que pone en entredicho la legitimidad del sistema.
Insfrán argumentó que la autonomía municipal no puede justificar la transgresión de los principios fundamentales del derecho ciudadano, como el respeto a las normas y la protección contra el abuso. Subrayó que el sistema de estacionamiento tarifado afecta no solo a los habitantes de Encarnación, sino también a los visitantes de otros distritos de Itapúa, como Natalio, que no cuentan con herramientas como aplicaciones móviles para cumplir con las regulaciones. «El ciudadano es legítimo al momento que paga su impuesto y tiene el derecho de ser respetado», afirmó, respaldando la necesidad de revisar el sistema en profundidad.
Implicaciones y próximos pasos
El debate en la Junta Departamental refleja las tensiones entre la autonomía municipal, las demandas ciudadanas y las responsabilidades de las autoridades departamentales. Mientras que Gómez defendió la autonomía de la Junta Municipal y criticó la minuta como un acto de oportunismo, Píris e Insfrán abogaron por un análisis más profundo para garantizar la legalidad y legitimidad del sistema de estacionamiento tarifado.
La propuesta de enviar la minuta a una comisión para su estudio fue aprobada, y se espera que en la próxima sesión se invite a asesores jurídicos de la Municipalidad para esclarecer las dudas sobre la concesión. Este conflicto, que ha movilizado a trabajadores y comerciantes de Encarnación, pone de manifiesto la necesidad de transparencia y diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para abordar un tema que afecta el día a día de la capital departamental.
