El Gobierno presentó este miércoles la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026-2031, una hoja de ruta que busca ampliar el acceso de la población a los servicios financieros formales, fortalecer la educación financiera y mejorar la protección de los consumidores.
La iniciativa fue presentada en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) por el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el BCP y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
La presentación se produce en un contexto marcado por el fuerte crecimiento del crédito destinado a los hogares, especialmente para consumo. Esta situación ya generó advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que instó a las autoridades paraguayas a mantenerse atentas ante posibles señales de debilitamiento en la capacidad de pago.
Según el Gobierno, la nueva estrategia constituye la primera actualización integral del plan de inclusión financiera desde su lanzamiento en 2013. Para su elaboración participaron más de 160 representantes de unas 40 instituciones públicas y privadas.
Durante el acto, el presidente Santiago Peña destacó la necesidad de que la estrategia sea implementada mediante un trabajo coordinado entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía, haciendo énfasis en la importancia de proteger a los usuarios del sistema financiero.
La ENIF establece cuatro grandes objetivos. El primero consiste en ampliar el acceso y el uso efectivo de productos y servicios financieros formales, reduciendo las barreras que actualmente dificultan su utilización y promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades de personas y empresas.
El segundo eje apunta a fortalecer la educación financiera para que los ciudadanos puedan tomar decisiones responsables y seguras, administrar mejor sus recursos, planificar sus finanzas y afrontar de manera adecuada las diferentes etapas de su vida económica.
El tercer objetivo contempla el fortalecimiento del marco regulatorio y de supervisión, con un enfoque basado en riesgos, además de mayores mecanismos de protección de los derechos de los usuarios y generación de confianza en el sistema financiero.
Finalmente, la estrategia plantea mejorar la infraestructura física y digital para facilitar el acceso a los servicios financieros, especialmente en zonas donde existen dificultades de conectividad, distancia o limitaciones operativas.
Entre los sectores considerados prioritarios se encuentran las personas en situación de pobreza, que representan alrededor del 16% de la población, así como habitantes de zonas rurales y comunidades con dificultades para acceder a servicios financieros.
También se contempla a los trabajadores independientes y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tienen un peso importante en el empleo nacional. De acuerdo con el documento, más del 70% de los ocupados trabaja por cuenta propia o en mipymes, mientras que solamente el 56% accede actualmente a financiamiento formal.
La estrategia también incorpora a las personas adultas mayores y a la comunidad educativa, con más de 1.500.000 estudiantes y unos 85.000 docentes, como sectores relevantes para el fortalecimiento de los conocimientos y hábitos financieros.
La ENIF 2026-2031 contempla un total de 39 acciones destinadas a cumplir los objetivos establecidos. Además, se prevé un sistema de monitoreo y seguimiento para medir periódicamente el avance de las iniciativas y evaluar sus resultados.
Con este plan, el Gobierno busca que la inclusión financiera no se limite únicamente a que más personas tengan acceso a cuentas, créditos u otros productos, sino que puedan utilizarlos de manera responsable, segura y acorde con sus necesidades, en un escenario donde el crecimiento del endeudamiento de los hogares genera especial atención.
