El Gobierno Nacional puso en marcha el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 en un escenario económico más desafiante, marcado por una reducción del margen fiscal debido al comportamiento de la recaudación tributaria. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exigirá que cada institución pública fundamente técnicamente los recursos que solicita y demuestre los resultados que espera alcanzar con esos fondos.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 5942/2026, firmado por el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. La normativa define los lineamientos para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2027, además de la planificación plurianual para el periodo 2027-2029.
Uno de los principales factores que condiciona la elaboración del nuevo presupuesto es la disminución de los ingresos tributarios vinculados al comercio exterior, consecuencia del bajo tipo de cambio del dólar. Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) explicaron que los impuestos aplicados a las importaciones se calculan en guaraníes utilizando la cotización vigente de la moneda estadounidense, por lo que una baja del dólar impacta directamente en la recaudación aduanera.
El director de la DNIT, Óscar Orué, señaló que la institución trabaja junto al MEF en la actualización de las proyecciones de ingresos que servirán de base para el PGN 2027. Indicó que el escenario cambiario obliga a revisar las estimaciones fiscales para encontrar un equilibrio entre los ingresos previstos y las necesidades de gasto del Estado.
Con las nuevas disposiciones, las instituciones públicas ya no podrán limitarse a presentar solicitudes de mayores recursos. El decreto establece que deberán vincular cada programa presupuestario con objetivos institucionales, metas, productos e indicadores de desempeño, en línea con el modelo de Presupuesto por Resultados (PpR), vigente desde la Ley Nº 6620/2020.
El Ministerio de Economía busca que cada pedido de recursos esté respaldado por una justificación técnica que permita evaluar el impacto esperado del gasto público, fortaleciendo la eficiencia y la transparencia en la asignación de fondos.
Otro aspecto relevante de la normativa es la obligatoriedad de elaborar una programación plurianual hasta el año 2029. El objetivo es que las instituciones planifiquen sus inversiones y compromisos financieros con una visión de mediano plazo, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación y programas sociales.
Asimismo, el decreto establece una mayor articulación entre el presupuesto y las contrataciones públicas. Para ello, cada organismo deberá elaborar un Proyecto de Programa Anual de Contrataciones (Pre-PAC), de modo que las compras de bienes, servicios, consultorías y obras respondan a la planificación presupuestaria y a los objetivos institucionales.
De acuerdo con la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 1 de septiembre para remitir el proyecto del Presupuesto General de la Nación al Congreso Nacional. El principal desafío será compatibilizar las crecientes demandas de gasto con un escenario de ingresos más limitado, determinado por factores económicos como la evolución del tipo de cambio y la recaudación tributaria.
Aunque el decreto no establece recortes específicos ni fija límites de gasto para cada institución, sí endurece los requisitos para la elaboración de los anteproyectos presupuestarios. El contenido final del PGN 2027 dependerá del comportamiento de la economía en los próximos meses y de la capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas para equilibrar las necesidades del Estado con la disponibilidad real de recursos.
