La Agroganadera Pindó SA, ubicada frente al Puesto Policial N° 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, reiteró su denuncia por una supuesta invasión ilegal de unas 5.000 hectáreas de su propiedad, además de amenazas, violencia contra trabajadores y falta de respuestas por parte de las autoridades.
El reclamo surge tras el ataque registrado el martes pasado contra la sede policial de Naranjito, donde dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil fueron asesinados, además de la destrucción total del puesto policial y varios vehículos. Para la empresa, el hecho evidencia la capacidad operativa y logística de grupos criminales que desafían al Estado paraguayo.
A través de un comunicado, la firma señaló que el atentado podría estar relacionado con estructuras criminales que, según sostiene, operarían desde hace años en un inmueble de su propiedad ubicado en el asentamiento 1° de Marzo, donde actualmente se encuentran entre 350 y 400 familias.
La empresa aclaró que no afirma que los responsables del ataque sean los mismos investigados dentro de la causa Pindó, pero considera que existen coincidencias relacionadas al territorio, la forma de operar y la presencia de grupos armados en la zona, por lo que solicita una investigación profunda para determinar eventuales vínculos.
Según la denuncia, durante más de una década la Agroganadera Pindó presentó documentos, pruebas y denuncias ante las instituciones correspondientes por supuestas ocupaciones ilegales, delitos ambientales, destrucción de infraestructura, amenazas y agresiones contra sus trabajadores.
La firma cuestionó la falta de una intervención estatal efectiva, señalando que, pese a la existencia de órdenes de desalojo, estas no fueron ejecutadas. A criterio de la empresa, esta falta de acción habría permitido el fortalecimiento de grupos vinculados al crimen organizado en la zona.
Desde la agroganadera sostienen además que los atacantes del puesto policial podrían haber utilizado el establecimiento como vía de acceso y retorno luego de cometer el ataque, por lo que solicitan una intervención urgente en el asentamiento y mayor presencia de las instituciones de seguridad.
Finalmente, la empresa instó a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a coordinar acciones para recuperar el control territorial, avanzar en las investigaciones y evitar que organizaciones criminales sigan ganando espacio en la región.
La Agroganadera Pindó considera que la situación dejó de ser únicamente un conflicto particular sobre tierras y pasó a representar un desafío de seguridad para el Estado paraguayo.
