La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público solicitó desestimar la denuncia presentada en el caso conocido como “pupitres de oro”, al concluir que no existió perjuicio económico para el Estado ni una sobrefacturación en la adquisición de mobiliarios escolares de origen chino.
Los fiscales Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres presentaron el pedido ante el Juzgado Penal de Garantías dentro de la causa N.º 3949/2025, que investigaba una supuesta lesión de confianza vinculada a la compra realizada por Itaipú Binacional.
La denuncia había sido presentada por legisladores en marzo de 2025, quienes cuestionaron que los conjuntos de mesas y sillas adquiridos desde China tendrían un supuesto sobreprecio. Según los denunciantes, el costo de importación rondaba entre 15 y 30 dólares por unidad, mientras que Itaipú habría pagado un promedio de 96 dólares por cada conjunto.
Sin embargo, tras el análisis de documentos e informes técnicos, la Fiscalía concluyó que esos cálculos no contemplaban otros gastos asociados a la operación, como transporte internacional, logística de distribución a más de 1.300 instituciones educativas, ensamblaje, seguros, impuestos y costos administrativos.
De acuerdo con el Ministerio Público, al considerar todos estos factores, el precio final de los pupitres resulta “razonable desde el punto de vista técnico y económico”, descartando la existencia de una sobrefacturación.
La investigación también determinó que la empresa adjudicada, Kamamya S.A., cumplió con la entrega total de los bienes contratados. En total, fueron entregados 410.837 conjuntos de mesas y sillas pedagógicas al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuya recepción fue certificada en noviembre de 2025.
Además, la Fiscalía realizó comparaciones con precios del mercado nacional y otras adquisiciones similares, concluyendo que el costo promedio de G. 752.026 por conjunto se encontraba incluso por debajo de productos similares ofertados en Paraguay, donde los valores rondaban los G. 800.000.
El requerimiento fiscal sostiene que Itaipú no sufrió un daño patrimonial, debido a que la institución recibió bienes equivalentes en cantidad y calidad por el monto abonado, que ascendió a G. 310.670.983.444 incluyendo contrato y adendas.
Con estos argumentos, el Ministerio Público considera que no se configuró el hecho punible de lesión de confianza y solicitó al juzgado el cierre definitivo de la causa que involucraba al director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, y otros responsables.
