Representantes de una asociación de padres de personas con síndrome de Down señalaron la necesidad de fortalecer el acceso real a derechos fundamentales como la salud y la educación, destacando que, aunque existen avances en materia legal, aún persisten importantes brechas en la práctica.
Durante el análisis, remarcaron que la inclusión no debe limitarse al acceso a una institución educativa, sino que debe garantizar una enseñanza de calidad, con adaptaciones individuales que respondan a las necesidades de cada persona. Subrayaron que cada niño es diferente y que el sistema educativo debe contemplar esas particularidades para lograr un aprendizaje efectivo.
Asimismo, cuestionaron la diferencia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana, afirmando que muchas veces las políticas inclusivas quedan solo en el papel. En ese sentido, insistieron en la importancia de pasar de la teoría a la acción, con un enfoque centrado en el respeto pleno de los derechos.
Finalmente, destacaron que, si bien hubo avances en la visibilización y concienciación social en los últimos años, aún queda mucho por hacer. Las familias continúan impulsando cambios y exigiendo mayor compromiso de las instituciones para garantizar una verdadera inclusión y participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
