A pocas semanas de cumplirse un año del trágico derrumbe de un edificio en la ciudad de Encarnación, el proceso judicial continúa generando expectativa y preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes insisten en que el caso no debe quedar impune. Así lo expresó el abogado querellante, doctor Rolando Aquino, quien representa a la familia de una de las personas fallecidas en el siniestro ocurrido el 3 de abril del 2025.
Según explicó el profesional, la causa comenzó a investigarse inmediatamente después del colapso de la estructura, con la intervención inicial del fiscal Ever Williams. Posteriormente, el caso pasó a manos de un equipo conformado también por los fiscales Rocío Valdez y Francisco Martínez, quienes avanzaron con las primeras diligencias y finalmente formularon imputación contra seis personas presuntamente responsables del hecho.
Entre los imputados figuran la propietaria del inmueble, dos profesionales vinculados al diseño de la obra, el entonces director de Obras de la Municipalidad de Encarnación, René Miglio, además del intendente municipal, Luis Yd, y el encargado del lugar. Las imputaciones incluyen los hechos punibles de homicidio culposo, exposición a peligro en el lugar de trabajo y producción de riesgos en la construcción.
De acuerdo con Aquino, uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con las condiciones en que se ejecutó la obra. El edificio habría sido autorizado inicialmente para cinco niveles, pero posteriormente se ampliaron los permisos hasta siete pisos. Sin embargo, la estructura llegó a contar con ocho niveles, incluyendo una piscina en el último piso, lo que habría incrementado considerablemente el peso de la construcción.
El abogado sostiene que existen documentos y testimonios que advierten sobre posibles irregularidades en la estructura. Incluso, un ingeniero que evaluó el edificio habría alertado previamente sobre deficiencias que podían comprometer la seguridad de la obra.
Como parte de la investigación, el Ministerio Público ordenó una pericia técnica de gran complejidad, realizada en conjunto con especialistas de la Universidad Nacional de Asunción. El estudio incluyó análisis del suelo, materiales de construcción y la estructura del edificio, con un costo que rondaría los 40.000 dólares, según indicó Aquino.
Actualmente, el proceso atraviesa una etapa procesal compleja luego de que la imputación fuera apelada por las defensas. Un juez solicitó mayores precisiones respecto a la responsabilidad individual de cada imputado, lo que generó la percepción pública de que la causa retrocedió a “FOJA CERO”. No obstante, el abogado aclaró que las imputaciones siguen vigentes y que el expediente continúa en trámite.
