Paraguay ha adoptado una firme política de «cero tolerancia» hacia los padres que se oponen a la vacunación, recurriendo a la vía judicial para asegurar que los niños reciban sus dosis correspondientes. En el departamento de Misiones, se llevan a cabo operativos conjuntos entre instituciones para completar los calendarios de vacunación, con énfasis en proteger los derechos fundamentales de los menores a la vida y la salud.
Esta iniciativa se basa en la legislación vigente, que impone a padres, tutores o responsables la obligación de inmunizar a los niños. En la Octava Región Sanitaria de Misiones, se ha lanzado un operativo innovador que busca vacunar a los infantes mediante órdenes judiciales cuando los progenitores se resisten.
Para ejecutar estas medidas, se formó un equipo multidisciplinario compuesto por representantes de la Defensoría de la Niñez, personal del Ministerio de Salud Pública, asesores jurídicos del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, agentes de la Policía Nacional y otros funcionarios estatales.
De acuerdo con los registros de la Octava Región Sanitaria, hasta ahora se han judicializado 18 casos de niños sin vacunar en Misiones. Los padres que incumplen esta obligación enfrentan procedimientos legales directos. Recientemente, el grupo interinstitucional se presentó en una residencia ubicada en una zona rural de San Ignacio, con el fin de completar el esquema de vacunación de un bebé de ocho meses.
En el sitio, el padre del menor se encerró en su propiedad. Atendió a la comitiva en la entrada principal y les solicitó esperar mientras iba en busca del niño. No obstante, el hombre no volvió a aparecer. Tras una espera infructuosa, el equipo ingresó a la vivienda y verificó que el padre había huido.
Las autoridades continúan colaborando de forma coordinada para cumplir con los programas de vacunación, priorizando el bienestar infantil. El objetivo central de estas intervenciones, según los responsables, es salvaguardar los derechos constitucionales de los niños, en particular el derecho a la vida (a través de la prevención de enfermedades) y el derecho a la salud, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Fuente: NPY
