AUDIENCIA PRELIMINAR PARA EX INTENDENTE MIGUEL PRIETO POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ha programado la audiencia preliminar del ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otros acusados, para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. La causa está relacionada con presuntas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia, con un supuesto perjuicio económico de G. 306.188.500, según la acusación del Ministerio Público.

Esta es la segunda causa contra Prieto y los demás procesados, quienes habrían realizado pagos a una empresa proveedora de mercaderías, según la fiscalía. Tras resolver los obstáculos procesales, el juez Otazú fijó las fechas para analizar la solicitud de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez de elevar la causa a juicio oral.

La audiencia se llevará a cabo bajo el apercibimiento del artículo 112 del Código Procesal Penal, que exige actuar de buena fe y no obstruir el proceso. Aunque la fiscalía solicitó que los acusados fueran obligados a presentarse con auxilio de la fuerza pública en caso de inasistencia, esta petición fue rechazada por el juez.

ACUSADOS EN LA CAUSA

Además de Miguel Prieto Vallejos, los procesados incluyen a:

  • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio (coautor) y asociación criminal (autor para Prieto, coautor para Arrúa).
  • Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales, empresa adjudicada.
  • Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal y accionista de Vanemi SA, subproveedora.
  • Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de UOC.
  • Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social y actual concejal.
  • Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos y administrador de contrato.
  • Higinio Acuña, jefe de adquisición y suministros.
  • Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de Órdenes de Pago.
  • Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad.

Estos últimos tres enfrentan cargos por lesión de confianza, administración en provecho propio (como cómplices) y asociación criminal (como coautores).

Fuente: UH